La situación de CatalunyaCaixa, empantanada en un proceso de reestructuración que se ha demorado más de lo esperado y en el foco de los medios por la comisión de investigación abierta en el Parlamento catalán, se está convirtiendo en un espectáculo dantesco que no es del agrado del Gobierno, según comentan ‘sotto voce’ algunos observadores del sector.
Por el momento, en la comisión parlamentaria en Cataluña que estudia el fiasco de las cajas catalanas han comparecido cuatro presidentes de la antigua Caixa Catalunya -Antoni Serra Ramoneda, Narcís Serra, Fernando Casado y Adolf Todó-, pero ninguno ha admitido ninguna responsabilidad en la quiebra de la entidad, cuyo rescate ha costado a los contribuyentes más de 12.000 millones de euros.
Más bien se han limitado a echar balones fuera en asuntos como la altísima concentración de riesgo inmobiliario o la emisión de preferentes, colocadas entre minoristas, a través de una filial ubicada en las Islas Caimán. Unas noticias que no contribuyen precisamente a generar confianza en un momento en que el Estado intenta vender la entidad.
No obstante, los observadores destacan que el principal enfado del Gobierno es contra Adolf Todó y Jaume Masana, antiguos presidente y consejero delegado de la entidad catalana, a los que el FROB destituyó de manera fulminante el pasado mes de mayo. La razón, que sólo se centraron en intentar vender la entidad y no en acometer la reestructuración obligada por Bruselas a cambio de las ingentes ayudas públicas recibidas.
Los nuevos gestores de CatalunyaCaixa, bajo la dirección de José Carlos Plá, deberán negociar ahora a toda prisa con los sindicatos, que ya han hecho saber su malestar por tener que negociar en pleno agosto, antes de que se reinicie la subasta de la entidad.
