Los papeles de El País y El Mundo parecen cambiados, ya que el primero abre con una noticia que hará ‘pupa’ al Ejecutivo, mientras que el segundo insiste en dar caña a Rajoy y a Cospedal por no “concretar la respuesta del PP a las supuestas escuchas ilegales del Gobierno que denuncian”. Y ese intercambio de roles es lo más llamativo de una jornada en la que también hay que destacar la entrevista a Mario Conde que puede leerse en El Mundo, coincidiendo con el libro “Memorias de un preso” que ha publicado el ex presidente de Banesto.
Continuando con lo del mundo al revés, el diario de Prisa informa en su portada y a cuatro columnas que “el fallo del Estatuto amenaza la precaria situación del Gobierno» y advierte que una sentencia adversa del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, que ya adelantó ayer, “estallará como una bomba en las manos del Gobierno, previsiblemente en otoño” ya que “la dificultad de lograr apoyos parlamentarios será aún mayor” para el Ejecutivo; y las tensiones internas entre los socialistas “serán elevadas”.
El rotativo de Unidad Editorial, sin embargo, sigue empeñado en denunciar que la dirección del PP “después de haber estado diciendo durante casis tres semanas que varios dirigentes del PP han sido escuchados por teléfono de manera ilegal no ha rectificado pese a no aportar ninguna prueba”, y además se dedica a aportar justificaciones peregrinas que no llegan a ninguna parte. Sin embargo, lo que a Pedrojota Ramírez le saca de sus casillas es la “la muy celebrada retranca gallega del presidente del PP” que este fin de semana le ha llevado a asegurar que “denunciarán” esas supuestas escuchas “o no”. Por este motivo, le dedica un nuevo y ácido editorial titulado “La ironía gallega no sirve para todo”, en el que critica que “lejos de intentar buscar una salida airosa a lo que a todas luces parece una metedura de pata de la secretaria general del PP, Rajoy y su equipo de dirección persisten en el error”. El director de El Mundo recuerda a Rajoy que “cuando un partido denuncia estar sometido a espionaje telefónico o escuchas ilegales y culpa al Gobierno, no hay bromas que valgan. O se ofrecen los datos para sustanciar la acusación o se rectifica con el menor daño posible”. Dice que lo contrario es una irresponsabilidad así como “frivolizar el ejercicio de la política, y bastante mala imagen tiene ya esta profesión ante los ciudadanos”.
