Nuevamente la sentencia sobre el Estatut copa las portadas… sin que haya sentencia, ya que los diarios se encargar de airear las “inclinaciones” y los “supuestos acuerdos” a los que han llegado los magistrados del Tribunal Constitucional sin ponerse de acuerdo: que si vetan 15 artículos, que si reinterpretan otros 20… por lo que parece más conveniente esperar a que haya un fallo para meterse en harina, que ya ese día, grande porque acabará con una tensa espera, ya habrá suficientes y variadas interpretaciones para especular durante bastantes jornadas.
Mientras eso ocurre, hay asuntos judiciales suficientes en los diarios para entretener la espera. El ‘caso Gürtel’ por ejemplo, que El País no quiere caiga en el olvido relegado a un discreto segundo plano con el paso de Jaume Matas por los tribunales. El diario de Prisa informa hoy que la Fiscalía Anticorrupción “pide llevar al Supremo a un aforado de Castilla y León” y afirma que el ex consejero de Obras Públicas José Manuel Fernández Santiago, que ahora preside el Parlamento regional, figura como presunto comisionista de la trama corrupta a cambio de adjudicaciones de carreteras.
Pero en materia económica es la batalla por Iberdrola la cuestión que sigue en boca de todos y a la que hoy dedica su principal editorial El País, un artículo en el que critica el cambio legal que supondría la eliminación de los blindajes. El de Prisa, recuerda que “Iberdrola y Repsol son empresas estratégicas. Operan en mercados regulados y en régimen de tarifa” y cree que “su estabilidad accionarial y sus decisiones ejecutivas no deben estar sometidas a los vaivenes del mercado inmobiliario o a la irrupción de accionistas que entienden el negocio de la energía como fuente para equilibrar las cuentas” y hace notar al Gobierno que “no se debe recurrir a costosos cambios normativos” para resolver los problemas individuales, es decir los de ACS y Sacyr. ¿Más claro?
