En un comunicado, la formación ha confirmado que presentará un recurso contencioso administrativo contra la resolución de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que avala el paso de estos ediles al grupo mixto al considerar que se trata de una decisión «que claramente no se ajusta a derecho».
«No es lícito conseguir votos para la ordenanza de movilidad a cambio de tomar decisiones que no se ajustan a la ley. Es un hecho muy grave. Se dan favores políticos a cambio de recursos (monetarios y humanos)», ha señalado la formación de Rita Maestre.
En este sentido, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha denunciado que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, sacará adelante «una mala ordenanza de movilidad» con unos «votos conseguidos a través de recursos económicos y humanos», en referencia a los cuatro ediles de Recupera Madrid que se sumarán a los de PP y Cs a la hora de aprobar el nuevo texto de la ordenanza de movilidad que irá al Pleno el día 10 de septiembre.
Desde Más Madrid han denunciado así que el PP «literalmente» compra «tránsfugas a cambio de votos para la ordenanza, saltándose el pacto Antitransfuguismo y metiendo a nuestras instituciones en el barro». «Todos los partidos deberían estar juntos contra el transfuguismo pero el PP se desmarca y los compra, sin importarle el daño que esto hace a nuestra democracia», ha subrayado la formación.
En concreto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han desestimado el recurso presentado por Rita Maestre el pasado 8 de abril contra la constitución tres días antes del grupo mixto, frente al dictamen del pasado mes de julio de la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid que concluía que los cuatro ediles escindidos no pueden formar grupo mixto, como pedían, sino ser considerados como no adscritos, el posicionamiento que defendían desde el grupo municipal encabezado por Rita Maestre.
«Es un atropello político y constituye una vulneración flagrante del ordenamiento jurídico», ha censurado Más Madrid, que ha recordado que además también es contraria a lo informado por la Junta Electoral Central y por el Registro de Partidos Políticos, así como contra lo acordado en el seno del Pacto Antitransfuguismo.
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