Sede del Partido Popular
El Partido Popular, al igual que anunció para defender el turismo cuando el tema de la masificación inundaba la actualidad, ha decidido que presentará mociones en los ayuntamientos y proposiciones no de ley (PNL) en los parlamentos autonómicos para mostrar su apoyo a las autoridades policiales. “Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos”, han lamentado los populares, en referencia a los policías nacionales y a los guardias civiles.
De esta manera, los conservadores trazarán una estrategia en todas las cámaras de representación para que los partidos “rechacen y condenen, rotunda y sistemáticamente, cualquier acción” contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho”, han censurado desde el PP.
De hecho, el PP, en la PNL y las mociones que han diseñado, acusa directamente a la Generalitat de Cataluña de ser los instigadores de estos actos contra las autoridades policiales: “Los medios de comunicación de la Generalitat han informado de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles”. Por ello, el partido que dirige Mariano Rajoy ha considerado que las formaciones denuncien estas situaciones y muestren su apoyo.
Al mismo tiempo, la PNL y las mociones que han redactado desde Génova pasan porque los parlamentos autonómicos y ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos y juntas generales insten “al conjunto de las instituciones españolas” a utilizar “con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad” todo los mecanismos para defender la soberanía nacional.
Si, finalmente, estas instituciones aprueban el movimiento del PP también se instará al Estado a actuar contra aquellas iniciativas que pretendan, “desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España”.
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