Representantes de más de 300 asociaciones vecinales de nueve comunidades autónomas han registrado en una petición para que el presidente de la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada comparezca en el Congreso de los Diputados y explique claramente la postura de este organismo sobre las viviendas turísticas y por qué ha recurrido las normativas con las que los ayuntamientos más afectados pretenden poner orden en este nuevo y rentable negocio inmobiliario
La petición vecinal se produce después de los sucesivos ‘espaldarazos’ de la CNMC al alquiler turístico. Primero, impugnando en los tribunales las normativas urbanísticas municipales de Madrid, Bilbao y San Sebastián sobre este tipo de arrendamiento y después con la publicación de un estudio en el que recomienda eliminar las restricciones y sostiene además que no hay “evidencia empírica” del impacto de este negocio en los precios de la vivienda tanto para la venta como para el alquiler.
Según informa la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) “buena parte de esas entidades proceden de barrios que a diario sufren las consecuencias de la turistificación y de la expansión descontrolada de ese tipo de alojamientos” ya que son de cascos históricos, por lo que exigen saber cómo se gestó el polémico “Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España”, un informe que dicen haber que percibieron “como una auténtica puñalada” al reproducir “buena parte del argumentario de plataformas como AirBnB, negando, entre otras cosas, que exista una relación entre el aumento de los precios de los alquileres y la proliferación de los alojamientos turísticos”.
Estos colectivos vecinales consideran que las “llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC y la posición de AirBnB reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas, visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones, y quiénes asistieron”, y así lo han puesto por escrito en la petición consignada esta semana y que ha sido dirigida al presidente de la Comisión de Economía y Competitividad.
Dichas asociaciones vecinales consideran una “intromisión injustificable y fuera de lugar” el recurso de la Comisión contra las normas de ayuntamientos y comunidades autónomas que están empezando a regular las Viviendas de Uso Turístico” y critican “a vergonzosa defensa pública de este organismo, con los mismos argumentos de las empresas como AirBnB”.
En su escrito, en el que solicitan el apoyo de los parlamentarios de la Comisión de Economía y Competitividad, las entidades vecinales recogen algunas de las razones por las que piden la interdicción de las viviendas turísticas.
Recuerdan que las viviendas de uso turística son rechazadas por la mayoría de las comunidades de propietarios, puesto que “con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los de los vecinos habituales, además de los problemas de seguridad que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente”.
Pero, sobre todo argumentan que la pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente mata la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven”.
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