El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz
El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha afeado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no se haya dado cuenta del «engaño perpetrado» por el ex minsitro del Interior Jorge Fernández Díaz y haya acordado imputar por un presunto delito de violación de secretos a uno de los notarios que levantó actas de los mensajes en los que se hablaría de la operación ‘Kitchen‘.
La defensa del ex ‘número dos’ de Interior ha presentado un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue al notario Alberto Vela Navarro-Rubio.
En un auto del pasado 23 de noviembre, el juez acordó diligencias contra el notario y se inhibió a favor de un juzgado de Mahón (Menorca) para que le investigue por presuntamente comunicar a Martínez, saltándose el secreto sumarial de las diligencias, de que le habían requerido judicialmente las actas de los mensajes que el ex secretario de Estado protocolarizó.
Martínez registró estos mensajes porque se sentía «dolido» y «abandonado» por el exministro, según explicó ante el juez, con el objetivo de demostrar que el conocimiento que tenía del operativo parapolicial creado en 2013 entorno al extesorero del PP Luis Bárcenas, era porque Fernández Díaz le pidió que recabara información sobre la misma.
Sin embargo, el que fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy niega ser el autor de dichos textos e incluso afirma que éstos están manipulados. De hecho, llegó a cuestionar el acta levantada por el notario de Mahón.
«No estamos de acuerdo con la afirmación atribuida a Göbbels de
que ‘una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad’, que es lo que ha pretendido y conseguido el sr. Fernández», subraya el escrito, que asegura que la intención del exministro es «manchar el honor» de Francisco Martínez.
Por ello, el abogado de Martínez lamenta que «la mentira cale» tanto en el Ministerio Fiscal y en el juez instructor por tomar la decisión recurrida: «Estamos convencidos, confundidos por la falsedad gratuita y reiteradamente vertida por el sr. Fernández, han solicitado y adoptado una decisión tan grave como la que es objeto del auto recurrido, sin darse cuenta del engaño perpetrado».
El escrito explica que la primera vez que se hace referencia a una posible participación del notario de Mahón en la comisión de un posible delito fue en el careo que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre entre Fernández Díaz y Martínez, en el que éste último explicó que la conversación que tuvo con el fedatario público el pasado 11 de marzo «no tenía nada que ver con la presente causa».
Insiste la defensa de Martínez en que dicha conversación en la que el notario pregunta cómo se borra un mensaje, y que supuestamente es indiciaria de la comisión de un delito, hacía referencia a un «chiste con imágenes subidas de tono» que el exsecretario de Estado le había enviado previamente y que Vela «quería borrar porque en ocasiones sus hijos hacen uso de su terminal móvil».
«A pesar de ello y conociendo ya la falsedad de tal extremo», reprocha el abogado de Martínez, la defensa del exministro del Interior «volvió a insistir en el mismo particular por escrito de 16 de noviembre de 2020, y ello con la única finalidad de sembrar dudas sobre el otorgamiento de las actas notariales otorgadas por mi mandante ante el citado notario de Mahón».
El escrito niega que las actas se otorgaran «en circunstancias cuando menos extrañas e irregulares», como sostiene el exministro, pues asegura que tanto el juez de la Audiencia Nacional como Anticorrupción «parten de un error evidente». Según afirma, la primera vez que el notario tuvo conocimiento de que se estaba investigando dichas actas notariales y que debía guardar confidencialidad fue el día 12 de marzo de 2020.
«Por tanto, es imposible que el día 11, ni en la conversación
mantenida por whatsapp, ni telefónicamente, ni de ninguna otra forma, el sr. Vela cometiera un delito de violación de secretos, simple y llanamente porque desconocía aquello que era objeto de secreto y la propia existencia del secreto», afirma el recurso.
En este sentido, el abogado de Martínez subraya que está «documentalmente acreditado, y no admite discusión» que el oficio policial en el que se cursa el mandamiento judicial para requerir las actas notariales es del pasado 12 de marzo. Otra prueba es que los propios protocolos notariales entregados a la Policía están datados ese mismo día, agrega.
Por último, el recurso también se centra en la conversación cuestionada y pregunta que «de dónde se concluye que estén
hablando del presente procedimiento o del requerimiento judicial
supuestamente recibido por el notario». «Evidentemente de ningún sitio, simple y llanamente, porque no es cierto», responde.
Así, asegura que su contenido no tiene nada que ver con la investigación que se sigue en el marco de la pieza 7 del caso Tándem, que instruye el operativo parapolicial desplegado entre 2013 y 2015 para sustraer la información comprometedora de PP que guardaba Luis Bárcenas.
Señala que muestra de que el notario no incumplió la obligación de «guardar la más estricta confidencialidad» es que Francisco Martínez «se vio sorprendido» el 13 de marzo con la entrada y registro en su domicilio ordenada por el juez de la Audiencia Nacional.
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