Matadero de Madrid
La decisión del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, de prohibir el acto “Madrileños por el Derecho a Decidir” en un local de Matadero, organizado por la asociación La Comuna, ha desatado polémica, críticas y ríos de tinta sobre la libertad de expresión en España.
En primer lugar, los responsables municipales acatan la decisión pero anuncian alegaciones: así lo comunicó ayer mismo la portavoz del equipo de Manuela Carmena, Rita Maestre, al conocer la suspensión cautelar del acto convocado para el próximo domingo. Aludió al derecho de libertad ideológica, reunión y expresión y recordó que el espacio municipal para el acto se cedió antes de que el Constitucional suspendiera la ley de referéndum aprobada en el Parlament catalán.
“No estamos de acuerdo porque el auto no tiene nada que ver con lo firmado para la cesión del espacio”, añadió Maestre, recordando que la presentación del acto “no se hace ninguna referencia al decreto de la Generalitat de convocatoria del referéndum ni a las leyes aprobadas por el Parlament”.
«Es importante que en estos momentos defendemos algo que ha costado mucho conseguir: la libertad de expresión y la libertad de opinión«, ha defendido esta mañana en una entrevista en Antena 3.
«Que se prohíba una reunión en 2017 en España es algo terrible, que nos tiene que alarmar a todos los demócratas», ha asegurado en los pasillos del Congreso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tachando de «gravísima» la resolución judicial por atentar contra los derechos de reunión y de libertad de expresión que son «bases constitutivas de la democracia».
En el pleno del Ayuntamiento, Ciudadanos apoya al PP en su ataque judicial contra el acto y el PSOE baila entre dos aguas al pedir al PP que abandone «la confrontación» pero sin condenar el auto del juez. «También entendemos que el debate de ideas no puede ser ilegal”, ha explicado la portavoz socialista, Purificación Causapié, afirmando que su grupo acata la decisión y pidiendo a sus compañeros de pleno «buscar la unidad y el diálogo frente a quienes vulneran la ley y las reglas de la democracia».
Pero más allá de las reacciones políticas, destacados juristas y expertos en derecho que previamente han manifestado su desacuerdo con el proceso independentista en Cataluña han manifestado sus dudas sobre la paralización judicial del acto. Recogiendo solo algunos ejemplos encontramos el caso del catedrático en Derecho Constitucional Eduardo Vírgala que, basándose en “buenos administrativistas” y tras leer el auto, cree que no se dan las medidas cautelares que el juez Yusty defiende.
“El acto no ha sido declarado ilegal por el TC, es una restricción del derecho de reunión, cabe reunirse para debatir sobre actos ilegales”, aclara el jurista en su perfil en Twitter. La red se ha llenado con reflexiones de expertos en Derecho que rechazan los argumentos del magistrado madrileño, sumadas a las de periodistas y políticos:
https://twitter.com/eduardovirgala/status/907667017259474945 class=»twitter-tweet» data-conversation=»none» data-lang=»es»>
Mais papistas que o Papa. STC 3.12.2015. pic.twitter.com/GIJJlrRaDn
— Alba Nogueira (@albadetoba) 12 de septiembre de 2017
https://twitter.com/jordievole/status/907725900829089792
El auto es firme y da tres días para la presentación de alegaciones. Pero la sorpresa por la admisión del recurso del PP en el Juzgado número 3 de Madrid ha hecho foco sobre el perfil del juez protagonista de la decisión: José Yusty Bastarreche aparece como firmante del manifiesto de “Libres e Iguales”, plataforma anti independencia de Cataluña, en una web en la que el magistrado, en un comentario, llega a ofrecer sus servicios al movimiento y concluye con el lema: ¡Viva España!.
«¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España. Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable». Así se refirió el juez a la alcaldesa Manuela Carmena en un foro de la carrera judicial, espacio de debate a través del correo electrónico en el que participan miles de jueces en toda España, según ha publicado hoy eldiario.es.
Además de profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Yusty ha colaborado con el diario ABC. En una de sus columnas, hace ya más de una década, defendía el uso de la bandera española con el águila de San Juan y otras figuras, hoy día considerada anticonstitucional: “El ejemplar original de la Constitución Española, el que tiene la firma de puño y letra de Don Juan Carlos de Borbón, lleva el escudo con el águila, luego éste es el escudo auténticamente constitucional. El actual Escudo de España sería, en todo caso, postconstitucional o vigente”, escribía el magistrado.
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