A Madrid le ha crecido una nueva ciudad en la última década. La región madrileña tiene ahora 300.000 habitantes más que en 2008, cuando eran 6,27 millones de personas las que vivían en la comunidad capitalina. Desde entonces hasta hoy, la demografía de la Comunidad de Madrid ha sentido un incremento equivalente a la población que reside en Bilbao.
Sin embargo, la constante expansión hacia la megapolis no se ha trasladado al sistema público de la región. Según el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, en julio de 2018, último informe publicado, había prácticamente los mismos profesores y sanitarios que en 2008.
En estos momentos, la Comunidad de Madrid tiene en plantilla a 54.240 docentes no universitarios (1.200 menos que en 2008) y a 72.672 profesionales de las Instituciones Sanitarias (286 más que en 2008).
El deterioro que ha sufrido el sistema público de la comunidad durante la crisis y los gobiernos del Partido Popular solo encuentra parangón en regiones de España con mucha menor posibilidad de inversión, como Extremadura, Galicia o Andalucía. Cataluña, País Vasco y Navarra, por el contrario, han aumentado considerablemente el personal en la administración pública en la última década.
De la Educación privada al cielo
El ‘desprecio’ al sistema público que han mostrado los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid no se sustenta tanto sobre la crisis económica como en la ideología ‘privatizadora’. El éxito anual de la Educación privada y concertada en la región revela la estrategia a largo plazo de debilitamiento de lo público.
Según recoge el informe ‘Diferencias educativas regionales 2000-2016’, publicado por la Fundación BBVA e IVIE, mientras que en 2009 el gasto público por alumno en Madrid era superior a los 6.000 euros anuales, en 2016 esa cifra había caído a los 4.496 euros.
En el lado opuesto de la balanza, el peso de los concierto y subvenciones en el gasto público, que han aumentado del 21% al 25,1% en tan solo siete años (2009-2016). Ese guarismo explica por qué el peso del alumnado matriculado en centros privados es el segundo más elevado del Estado, detrás del País Vasco, con un 41,5%.
Una posición que supera en el gasto de los hogares en educación privada por alumno, donde lideran la tabla con 1.640 euros.
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