Cartel de Emmanuel Macron, presidente de Francia
El futuro de Europa pasa por activar políticas que benefician principalmente a las personas con mayores rentas e inmuebles. Al menos esa es la conclusión indirecta que traslada el Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE), que concluye que los primeros meses de gobierno de Macron (“el futuro de Europa”) han servido para satisfacer las demandas de los ricos.
“Las nuevas medidas favorables a las familias (reducción del 20% en el impuesto sobre el capital) benefician masivamente al 2% de las familias más ricas, las que tienen un capital inmobiliario”. Esa fue una de las conclusiones que sacó a relucir hace varias semanas el OFCE y que resume los primeros nueve meses de gobierno de Emmanuel Macron.
Los más contrarios al presidente galo destacan que los 26.000 euros que se gastó en maquillaje en los primeros tres meses trasladan metafóricamente la realidad política de Macron. Un presidente que cuida más su imagen que los derechos de los trabajadores.
Al menos eso es lo que consideran la mayoría de los sindicatos, que critican la reforma laboral implementada por el nuevo presidente. La reforma laboral del Ejecutivo francés da prioridad a los acuerdos alcanzados dentro de las empresas entre propietarios y empleados, por encima de los acuerdos sectoriales. Esto otorga mayor poder de control a los jefes sobre los trabajadores, que pierden la influencia que aporta la unión con otros trabajadores.
Por otro lado, la reforma de Macron limita las indemnizaciones por despido improcedente. La traducción de esta medida es que el nuevo presidente galo aboga por abaratar los despidos “para atraer a los inversores e incentivar las contrataciones”.
Una de las primeras compañías que tiene previsto aprovechar este cambio de legislación, el grupo automovilístico francés PSA, que planea recortar 1.300 puestos de trabajo este año en Francia. Eso sí, la tasa de desempleo, como sucede en el resto de Europa, sigue cayendo. Y como sucede en el sur del Viejo Continente, a cambio de reducir en el poder adquisitivo.
Estas políticas las ha aprobado a través de ordenanzas, y no a través de un proyecto de ley que pueda ser debatido y enmendado en el Parlamento.
Emmanuel Macron aprovechará el 2018 para llevar a la práctica su primer gran paquete de privatizaciones. Prevé vender propiedades estatales en gran cantidad para financiar ambiciosos planes de gasto contemplados en sus promesas de legislatura.
El país posee acciones de 81 empresas francesas, desde compañías de defensa hasta fabricantes de automóviles pasando por centrales nucleares. El valor total de sus propiedades ronda los 100.000 millones de euros.
Uno de los grandes objetivos de Macron es adelgazar el peso del Estado y recortar la cantidad de funcionarios (hasta 100.000). Una de las primeras piedras que pretende ‘quitar’ es la de los profesores de los centros galos en el exterior. Francia ha recortado en más de 30 millones el dinero destinado a los Liceo franceses de todo el mundo.
Por otro lado, las fuerzas de seguridad comienzan a mostrar signos de hartazgo por la prolongación ‘ad infinitum’ del estado de emergencia en Francia. Los agentes de policía y del ejército protestan por la enorme carga de trabajo que sufren y por la falta de relevo.
De hecho, en ese sentido, una de las medidas más polémicas de Macron ha sido anuncian el restablecimiento de un servicio militar obligatorio en el país. Algo que ya adelantó en la campaña electoral, cuando señaló que la ‘mili’ duraría un mes.
En cuanto a la inmigración, Macron ha pregonado que es un “honor para Francia” acoger a refugiados. Frases que se quedan en maquillaje cuando la política planteada para la inmigración prevé emplear más ‘mano dura’ con el extranjero.
Entre otras propuestas, la nueva ley migratoria favorecerá las expulsiones de los refugiados a los que se haya denegado el asilo, alargará a 90 días el periodo máximo que un inmigrante puede estar encerrado en un CIE y aumenta a 24 horas el tiempo en el que una persona extranjera puede estar detenido mientras se evalúa su condición legal, según informó el diario Público.
Estas son solo algunas de las medidas implementadas por Macron en los primeros nueve meses de gobierno. Nueve meses que han supuesto una caída considerable en el índice de popularidad de Macron, que apenas alcanza el 40%.
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