Los trabajadores de Nissan Barcelona protestan este miércoles ante el Congreso de los Diputados contra el cierre de las plantas de la multinacional japonesa. La plantilla se manifestará por las calles de Madrid para trasladar a los políticos y al Gobierno la situación en la que se encuentran tras la decisión de Nissan de abandonar Cataluña.
“En estos últimos años la multinacional ha ido eliminando y deslocalizando poco a poco vehículos y ha evitado de manera sistemática que la planta de Zona Franca obtuviera la adquisición de vehículos nuevos, provocando que el nivel productivo fuese cada vez menor”, denuncia UGT FICA, que critica también “la falta de inversión en las plantas y las promesas incumplidas por parte de la Direcciones local, europea y japonesa”.
En este sentido recuerda “el incumplimiento en el último acuerdo, hace apenas un año, en el que la Empresa se comprometió a realizar una inversión de 70 millones de Euros en una planta de pintura, y no se ha cumplido”. “Otro ejemplo es la serie de promesas realizadas por el fuera Director General de Nissan España en su día y hoy ejecutor del cierre, Frank Torres, no solo a los trabajadores de Nissan, sino también a la Generalitat y al Gobierno central, entre los que encuentran la creación de más de 1.000 puestos de trabajo en las plantas catalanas, que no se ha cumplido”, destaca este sindicado.
Para este sindicato “estas son solo muestras de las mentiras y promesas incumplidas por Nissan con sus trabajadores”. Algo que van a “recordar” al Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como a los distintos grupos parlamentarios del Congreso, “ya que son conocedores de las mentiras vertidas por la multinacional en España”.
Al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos van a exigir “que se involucre de manera contundente en el conflicto de Nissan, paralizando el ERE y eliminando la fecha de diciembre de 2020 como fecha de cierre”.
“Se ha demostrado históricamente que las plantas de Nissan son competitivas siempre que se les otorga vehículos para su fabricación, como ha ocurrido en otros años y con muy poca inversión en las líneas productivas”, afirma UGT, que avisa que se trata de un tema que afecta a 25.000 familias”.