Los técnicos de Hacienda piden que se investigue a Juan Carlos I con la misma determinación que ha demostrado Felipe VI

La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) insta a la Agencia Tributaria (AEAT) a que ordene iniciar una investigación tributaria a Juan Carlos I por los indicios de la comisión de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Y reclama que se haga con la misma determinación que el Rey Felipe VI ha mostrado con su padre.

El Monarca comunicó ayer públicamente su renuncia a la futura herencia que le pudiera corresponder de su padre y le retiró la asignación próxima a los 200.000 euros anuales.

Gestha considera que el comunicado de Zarzuela convierte las sospechas de que Juan Carlos I haya manejado fondos opacos, en indicios racionales de haber cometido un delito contra la Hacienda Pública, cuando expresa que el Rey Don Juan Carlos ha pedido que se haga público que en ningún momento facilitó información de la Fundación Zagatka y Fundación Lucum a S.M. el Rey Felipe VI.

SE DEBE INVESTIGAR PARA NO INCURRIR EN DEJACIÓN DE FUNCIONES

En este sentido, los técnicos sostienen que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tiene el deber «inexcusable» de abrir una investigación al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente, «para evitar incurrir en una dejación de funciones», y demostrar que no existe ningún «escudo fiscal» para proteger a la familia Real.

Los Técnicos ya lamentaron en septiembre de 2018 que el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviado al juez en torno a las declaraciones del IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio y Bienes en el extranjero del rey emérito fuera tan simple como para afirmar que de la información analizada el Rey emérito no figuraba como titular cuentas en Suiza –como se desprende del auto de sobreseimiento provisional, de septiembre de 2018, del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional–, y no investigara ninguna de estas presuntas propiedades y cuentas millonarias.

Además, remarcan que el rey emérito podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves e incluso además de un posible delito de «fraude fiscal agravado, podría determinarse un presunto delito de blanqueo» si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

En este sentido, Gestha aclara que la presunta falta de declaración de los bienes en el extranjero (los supuestos 100 millones de la fundación panameña) llevaría a conformar un presunto delito fiscal en el último ejercicio no prescrito administrativamente, es decir, el IRPF 2015.

QUE TODA LA FAMILIA DEL REY HAGA PÚBLICAS DECLARACIONES DE BIENES EN EL EXTERIOR

Por otra parte, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse igualmente las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en la comisión de los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones de Juan Carlos I.

Finalmente, Gestha reconoce el gesto de Felipe VI y pide a la AEAT que actúe con la misma determinación que el monarca. Asimismo, señala la conveniencia de que todos los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación este caso o en el futuro.

Y cree que debe hacerse especialmente tras haberse conocido en 2013 la existencia de tres cuentas en Suiza de la herencia que Don Juan de Borbón dejó a sus tres hijos en 1993 con un saldo total de 728,75 millones de pesetas, o la implicación de algunos de sus miembros en las cuentas secretas desveladas en mayo de 2016 en los papeles de Panamá.

Acceda a la versión completa del contenido