“Dicho acuerdo establece que las partes podrán desistir de forma unilateral y anticipadamente de él cuando entiendan que la colaboración de la otra parte con otras entidades”, afirma en la compañía una nota, “sea susceptible de causarle un perjuicio reputacional”.
Renfe comparte la “preocupación social” por los sucesos producidos en relación con una “presunta vulneración de los derechos de los trabajadores”.
La compañía considera a la Policía Nacional, “que cumple 200 años al servicio de los ciudadanos”, y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como “uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.
Los policías “no funcionan con consignas políticas”
Desde la Confederación Española de Policía sostienen que “esta estrategia de defensa”, la de Nacho Cano, constituye un ejemplo de libro de Ley del embudo, de quien exige para sí respeto a la presunción de inocencia para, a continuación, negarle ese mismo derecho a un grupo de profesionales que no pueden responder a esas acusaciones, lanzadas por quien lo hace desde una posición de privilegio derivada de su proyección pública”.
Además, la CEP deja claro en una nota que los policías “no funcionan en su trabajo con consignas políticas porque ni pueden ni deben hacerlo. Ni ellos lo aceptarían ni la Ley lo permite. Pero es que, además, somos el colectivo profesional más fiscalizado de este país”.
“Por la propia normativa, que marca las reglas de juego de nuestra profesión”, así como “por un régimen disciplinario estricto y una Unidad de Asuntos Internos que vigila y reprime cualquier acto delictivo”, recuerdan esta confederación. A esto hay añaden “la tutela de jueces y fiscales” y “el propio escrutinio democrático que los medios y redes sociales hacen sobre nuestro trabajo”.
“Las amistades políticas de un detenido –en alusión a la amistad de Nacho Cano son Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid– no constituyen jamás el criterio orientador de una intervención policial”. Según recuerda la CEP, “las unidades de Policía Nacional llevan décadas practicando detenciones de personas con proyección pública, afines a diferentes partidos políticos”.
“Los únicos elementos que se tienen siempre en cuenta son los indicios que puedan llevar a poner a disposición judicial al presunto autor de una infracción penal” y Cano “tiene derecho a la presunción de inocencia y a diseñar la mejor defensa penal que crea necesaria”. Sin embargo, “convertir esa estrategia en un espectáculo público y en un ataque indiscriminado a todo el colectivo policial es censurable, injusto e intolerable”.
