Así lo afirma APARTUR, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, que está ayudando a todos los afectados interesados en presentar sus reclamaciones. Según sus cálculos, el valor final de las indemnizaciones que deberá afrontar la Generalitat podría superar los 3.000 millones de sólo en Barcelona. Por su parte, en Cataluña contempla que esta cifra podría rebasar los 7.000 millones de euros.
Tal y como explica en una nota, la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración ante la Generalitat como autora del decreto es una de las vías judiciales que tienen los afectados por “luchar contra una regulación que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha anunciado que utilizará para intentar cerrar la totalidad de las 10.101 licencias de HUT actuales de Barcelona”.
“La reclamación de responsabilidad contra la Generalidad de Cataluña se basa en la Disposición Transitoria 2ª del Decreto Ley, que implica una expropiación de hecho de las licencias de los pisos turísticos en 2028”, afirma. “Aun faltando cuatro años, los efectos negativos de la nueva normativa ya se han empezado a notar”, sostiene la citada asociación, que defiende haber iniciado este proceso ante la “incertidumbre entre trabajadores y clientes”, la “imposibilidad de amortizar inversiones” y la “pérdida de valor de los pisos”.
“La expropiación de las licencias previstas en el decreto es ilegal por ser contraria a la ley española y a la europea que establecen que siempre debe existir el derecho de indemnización, que este no puede quedar en manos de la administración o del legislador, y que las compensaciones deben ser de carácter económico”. Ante la falta de compensación económica, incide, los titulares de estas viviendas “tienen derecho a reclamar a la Generalitat el importe resultante de un cálculo sobre los gastos de los últimos cinco años y los beneficios que se obtendrían de continuar con la actividad”.
“Nos encontramos ante una expropiación forzosa encubierta en la que debería indemnizarse económicamente a los propietarios. No hacerlo nos lleva a una situación absolutamente inaudita, contraria a cualquier garantía jurídica, contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea”, explica la directora general de APARTUR, Marian Muro.
