Los muchos ‘peros’ de los Servicios Sociales al plan del Gobierno contra la pobreza energética

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales critica el proyecto de bono social que ha presentado el Ministerio de Industria para evitar el corte del suministro eléctrico a los hogares más vulnerables porque podía costar más de 300 millones de euros anuales a los servicios sociales de las administraciones territoriales.

En un comunicado de prensa, esta asociación cuestiona el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Industrias obre el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica ya que “el proceder de las eléctricas ante un impago será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro”, lo que califican de “operación magníficamente tramada” ya que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal “se hace una foto preciosa gracias a su ‘sensibilidad’, las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro (los servicios sociales que no quisieron pagar la factura) y los servicios sociales que atienden ya a más de 8 millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda, además de verse obligados a compartir información de ciudadanos con unas empresas privadas que “activarán” estos servicios públicos cuando estimen oportuno”.

Dicha asociación hace notar que esta medida tendrá un “importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales, recriminan que no se haya contemplado el impacto de esta medida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y avisa que tampoco “hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto”.

Otra de las críticas de los responsables de los servicios sociales es que el proyecto del Gobierno “se han obviado y ninguneado los sistemas de protección (posiblemente más inteligentes) gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos” y anticipan que “se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales (ya exhaustos porque durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos)”.

Además, avisan de que dado que “la condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte de suministro) se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la “vigilancia” del cambio de circunstancias y su notificación (…) el mecanismo de gestión propuesto (pendiente de más desarrollo) puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos”.

‘Puntos negros’

La Alianza contra la Pobreza Energética tras conocer el proyecto también puso ‘peros’ al bono social eléctrico del Gobierno del PP, asegurando que el principal problema que presenta es “que los criterios de renta que se incluyen son muy bajos, excluyendo a muchas familias de su protección”.

Asimismo, se queja de que la única protección que recoge el proyecto de Real Decreto “ básicamente descuentos para pagar las facturas, pero la protección contra los cortes de suministro solo se contempla en el caso de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social (con una renta inferior a 399,38 euros que como máximo puede llegar a 1.065 euros en el caso de familias numerosas), siempre y cuando la Comunidad Autónoma o el ayuntamiento se comprometa a asumir el 50% de la factura (antes del descuento del Bono Social).

Con lo que sus críticas coinciden con las de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en que la “única protección contra cortes de suministro se asocia a que Servicios Sociales pague facturas” , por lo que consideran que este decreto “no ha sido redactado con la voluntad de dar respuesta al problema de los cortes de suministro, dando un enfoque economicista que pasa por que la Administración resuelva y asuma el pago de los suministros de algunos de los más vulnerables a empresas cuyos beneficios son, cuanto menos, ofensivos”.

El texto se ha encontrado también con la oposición de varios Ayuntamientos, que lo ven insuficiente. Hasta once corporaciones locales, con Madrid y Barcelona a la cabeza, que se unieron para presentar alegaciones contra el proyecto del Ejecutivo.

En su opinión, no garantiza el suministro energético mínimo a las familias que lo necesitan y establece unos criterios de acceso que deja fuera a gran parte de la población que necesita esa ayuda.

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