La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), consensuada por el Partido Popular y el PSOE, establecía en su disposición adicional que, “en el plazo de seis meses, computados desde la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales”.
La modificación legislativa entró en vigor el pasado 6 de agosto, por lo que los vocales del CGPJ tienen hasta el 6 de febrero para presentar una propuesta que, según la misma ley, debe ser “conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución”, “garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos”.
El pasado 7 de octubre, el Pleno del CGPJ aprobó la constitución de un grupo de trabajo para la preparación y elaboración de este informe, pero por el momento no ha trascendido ningún avance concreto. Dicho grupo de trabajo está coordinado y dirigido por los vocales Bernardo Fernández Pérez, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Argelia Queralt Jiménez y al mismo se adscribirán los servicios técnicos del Consejo necesarios para su eficaz funcionamiento.
La reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ fue una de las condiciones que puso el PP encima de la mesa para acordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras cinco años de bloqueo. Con la supervisión de la Comisión Europea, los populares accedieron con el PSOE a que fueran los jueces los que presentaran su propia propuesta.
Una vez que el CGPJ presente su informe, será trasladado al Congreso para su posterior deliberación. El PSOE no ha garantizado que vaya a apoyar la propuesta de reforma si finalmente contempla que los jueces elijan directamente a sus pares. El PP, por su parte, confía en que el papel de la Comisión Europea obligue a los socialistas a votar a favor, sea cual sea el modelo.
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