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Desde el citado comité reclaman una “solución real y efectiva” para que todos los profesionales que prestan el servicio queden adscritos al Título V del Convenio Colectivo con los salarios recogidos en el presupuesto. Es decir, “el correspondiente a 30 horas de trabajo semanal y contratos fijos ordinarios”. “Las mismas reivindicaciones que se han realizado desde 2019, que han sido ignoradas por las empresas con la permisividad de la Consejería de Educación”, critican desde CCOO. Y las protestas podrían ir a más.
Los paros, advierten, se extenderán al mes de junio “en caso de no alcanzarse una solución a este problema”.
Según la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no está considerando este servicio como esencial para garantizar el derecho a la educación de los alumnos y alumnas que lo necesitan”. Tal y como denuncia en una nota, “la manera en la que lo están gestionando promueve rotatividad y precariedad, que afectan a la calidad de la educación”.
Para Galvín “las empresas adjudicatarias van pasando una tras otra sin que la Consejería de Educación actúe y obligue a asumir responsabilidades para que se garantice el servicio. Y siempre estamos igual. Incumplen lo dictado y presupuestado por la Consejería de Educación”.
Desde el sindicato explican que “cuatro han sido las empresas que han gestionado el servicio de intérpretes, y las cuatro han recibido demandas de los trabajadores por impagos o por no reconocerles aquello que se recoge en los pliegos de la licitación, el reconocimiento como personal de Centro Educativo”. Ante esto, lamentan que “la Consejería mira para otro lado”.
“El motivo para no reconocer a los intérpretes como trabajadores de centros educativos es claro: las empresas quieren hacer contratos fijos-discontinuos al personal que presta el servicio de interpretación en los centros educativos públicos y concertados de la Comunidad de Madrid”, apuntan desde las filas de CCOO. “Con ello”, inciden, “se pretende evitar asumir el coste de pagar durante el verano las vacaciones generadas por ser trabajador de este tipo de centros; algo que Inspección de Trabajo está persiguiendo para evitar el abuso de contratos fijos-discontinuos en los centros educativos”.
El Comité de Empresa también recuerda que la memoria económica utilizada para el presupuesto establecido por la Consejería de Educación “recoge que los trabajadores deben
ser considerados trabajadores de centro educativo y específica claramente que el presupuesto del contrato es suficiente para cubrir las vacaciones de la plantilla”. “No se comprende que esta partida presupuestaria de dinero público no sea destinada finalmente a aquello para lo que se ha presupuestado”, afirma CCOO.
Según este sindicato, “si las empresas que han gestionado el servicio están cesando a los trabajadores durante el verano, entonces ¿dónde se está yendo el dinero presupuestado para el pago de las vacaciones? ¿Están destinados estos fondos a que estas empresas adjudicatarias puedan tener beneficios?”.
En esta situación de “tanto abandono y maltrato el malestar es máximo, y es por eso que los intérpretes de lengua de signos han decidido movilizarse”.
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