Los hospitales privatizados por el PP cuestan 3.500 millones de más a los madrileños

Los hospitales privatizados en Madrid suman ya unos sobrecostes de hasta 3.500 millones para las arcas públicas. Así lo denuncia Más Madrid, que ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue el modelo concesional implantado por Esperanza Aguirre en siete hospitales de la comunidad por posibles delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.

Bajo el título ‘El fraude de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid’ esta formación política analiza en un informe los conocidos como ‘hospitales hipoteca’ que el Gobierno de Aguirre desarrolló hace ahora más de una década. Un nuevo modelo de gestión sanitaria por el que se construyeron siete hospitales que “nunca contó con un estudio técnico ni de necesidades previo”. Y es que, según afirman desde las filas de Más Madrid, el Ejecutivo del PP “buscaba otros objetivos”, como el de “ampliar las perspectivas de negocio de las constructoras y abrir la puerta a un modelo privatizable”.

Los ‘impulsores’ del Plan de Infraestructuras 2004-2007, además de la por entonces presidenta regional Esperanza Aguirre, fueron el consejero y el viceconsejero de Sanidad, Manuel Lamela y Arturo Canalda (hoy imputado en el caso Lezo), respectivamente, así como la directora general de la Red única de salud pública, Elena de Mingo, entre otros.

“El resultado después de 10 años de su implantación es un crecimiento exponencial de la deuda y una disminución de los recursos efectivos”, ya que lo que se ha producido es “un mero trasvase de fondos públicos a través de un modelo pensado en la obtención de beneficios privados contrarios al interés público”, destaca este informe.

Según Más Madrid, la apuesta de Aguirre y su equipo de Gobierno por este modelo de gestión y de explotación de las infraestructuras sanitarias provoca una importante factura para las arcas públicas. Y es que, de haber elegido otro modelo “los hospitales estarían a punto de amortizarse”. Sin embargo, lamenta, “nos quedan por cumplir dos tercios del contrato hasta el 2035″. Esto “nos supondrá un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de euros sólo por el concepto de la construcción y entre 1.975 y 3.483 millones por el contrato total”.

Este modelo, destaca esta formación, “introdujo la experiencia especulativa del sector privado en la sanidad madrileña, con unos sobrecostes desproporcionados y una nula transmisión de riesgos al sector privado gracias a la ausencia de mecanismos de control reales”. Esto ha permitido, por ejemplo, que las concesionarias hayan obtenido “unos beneficios indecentes de hasta el 40% (según los Registros Mercantiles) a costa de descapitalizar el sistema sanitario público”.

En este informe se recoge el “incesante” incremento del canon anual a percibir por estas empresas concesionarias debido a las “múltiples variables introducidas en los contratos”. De esta manera, el canon se ha incrementado un 47% desde el inicio (año 2007) hasta los últimos presupuestos (2017), “sin que ni la actividad ni los recursos sanitarios ofrecidos por estos hospitales se hayan visto modificados”.

Entre los hospitales que se analizan por parte de Más Madrid destaca el Puerta de Hierro, en el que, a pesar de que se han eliminado 135 camas al inicio de la explotación por “orden de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”, éstas se han seguido pagando durante estos años, lo que ha supuesto “un pago indebido” de 1,3 millones anuales por parte de la administración.

Este caso pone de manifiesto las contradicciones en torno a la “supuesta voluntad de construir hospitales con el objetivo de ampliar recursos”. Tal y como apunta esta formación, la región, una década después, cuenta con unas 2.572 camas menos (de las 14.957 supuestamente proyectadas en 2008 a las 12.385 funcionantes actualmente) y unos 6.188 profesionales menos en la sanidad pública madrileña (de los 76.359 recogidos en el 2008 a los 70.171 actuales).

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