Los emigrantes españoles, cada vez más desprotegidos debido a las políticas del PP

UGT denuncia que la población española residente en el exterior cada vez es mayor, pero el dinero que se destina a atenderles cada vez menor, alertando que aunque entre el 2011 y el 2017 la población española en el exterior se ha incrementado un 41,3%, el presupuesto dedicado a atenderles se ha reducido en un 50,7%.

Además, el sindicato advierte que a los recortes presupuestarios hay que sumar medidas, establecidas por el Gobierno del PP, que reducen la protección de las personas de nacionalidad española en el exterior y sus derechos. Así, el Ejecutivo mantiene la pérdida del derecho a las prestaciones sanitarias por estancias en el extranjero superiores a tres meses.

Explica UGT en un comunicado que “la población española residente en el exterior ha pasado de 1.702.778 personas en 2011 a 2.406.611 en 2017, lo que supone que “la emigración española al exterior se ha incrementado un 41,3%. Es decir, en 2011 emigraron 55.472 españoles y en 2015 (último dato anual disponible), 96.645 personas. Sin embargo, el presupuesto que destina a la emigración tanto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), como el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha reducido”.

Así, según la central sindical “el presupuesto destinado por el MEYSS, se ha reducido en un 50´7%, entre 2011 y 2017. En concreto, las prestaciones por razones de necesidad y otras ayudas para emigrantes se han reducido en casi la mitad (pasando de 101.768.300 euros, en 2011, a 51.750.000, en 2017). Esta partida incluye las ayudas por ancianidad o discapacidad. Se reduce el dinero a pesar de que la población española residente en el exterior, mayor de 65 años, se ha incrementado, pasando de 404.582 personas en el 2011, a 518.676 en el 2017”.

Del mismo modo, el presupuesto que dedica el Ministerio de Asuntos Exteriores a los emigrantes españoles ha bajado en un 43,9% (pasando de 4.112.490 euros a 2.304.720). Este dinero se destina a asuntos como la asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones. Otro ejemplo, la asistencia a ciudadanía que afronta condenas por pena de muerte se ha reducido en un 70% (pasando de 100.000 euros en 2011 a 30.000 euros en 2017).

Otras pérdidas de derechos

Pero el recorte en la atención a los emigrantes no se produce solo en los presupuestos, según denuncia UGT, organización que recuerda que “desde el año 2011 se han impuesto diferentes medidas que reducen la protección de las personas de nacionalidad española en el exterior y sus derechos como” entre las que cita “la modificación en el año 2014 de la Ley General de Seguridad Social (artículo 53), que supone la pérdida del derecho a las prestaciones sanitarias por estancias, en el extranjero, superiores a tres meses”.

Criticando que esta medida “afecta, muy especialmente, a quienes emigran en búsqueda de empleo a países de la Unión Europea (se reducen sus posibilidades de gozar en el país miembro de emigración de la misma protección sanitaria que los nacionales de ese país)”.

Por otro lado, la organización sindical indica que “el temor a dejar de tener la condición de asegurado y sus consecuencias, puede provocar la no inscripción en el Registro de Matrícula de la Oficina Consular y, por lo tanto, una mayor desprotección de los migrantes en todos los aspectos” lo que podría ser una explicación a las diferencias en los datos de españoles inscritos en el Registro y que figuran, por tanto, en el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE) y los datos proporcionados por Eurostat en los dos principales estados miembros de la UE que reciben más emigración española.

Además, UGT recrimina que “el Gobierno vuelve a incumplir su obligación de presentar un proyecto de ley que evite la penalización en las carreras de cotización de quienes han cumplido el servicio militar o la prestación social obligatoria. En este sentido, el Proyecto de Presupuestos Generales de 2017, mantiene la suspensión de la disposición 28 de la Ley General de Seguridad Social que establece esta obligación”.

Y avisa que “continuar con esta suspensión, perjudica a los hombres y mujeres que cumplieron con estas obligaciones impuestas por el Estado, pero muy especialmente a emigrantes de mayor edad que necesitarían esos periodos para acceder a una prestación bien en España, bien en el país de emigración. El sindicato va más allá y demanda que esta medida se extienda al servicio social obligatorio de las mujeres (pues actualmente solo se tiene en cuenta el servicio militar y la prestación social obligatoria en el tiempo de cotización a efectos de jubilación anticipada).

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