Los gobiernos de Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia, Santiago de Compostela, Zaragoza y La Coruña han manifestado conjuntamente sus críticas al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 que está en proceso de tramitación. Han propuesto a Fomento mejorarlo con una dotación de 2.000 millones durante 2018 e “invertir así la tendencia que se ha venido dando a lo largo de los últimos años de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda”, explica el Ayuntamiento de Madrid.
Recuerdan que en 2017 el Estado central dedicó a vivienda 467 millones de euros, el 0,059% del PIB. “Y si continúa con la tendencia actual de recortes en materia de vivienda (que han supuesto una reducción de 1.000 millones en los últimos 8 años), las políticas públicas de vivienda desaparecerán en 5 años”, critican las ciudades.
La reclamación de los siete ayuntamientos es que en el plazo de 10 años el gasto se sitúe en el 1,5% del PIB. Explican que este incremento anual permitiría que España se equiparase al resto de países europeos que impulsan “políticas más acordes con el principio de la vivienda como un derecho fundamental, que de hecho está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española”.
Los representantes municipales han insistido que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía, y son las que más sufren la falta de recursos públicos de las políticas estatales que permitan garantizar la vivienda como el bien de primera necesidad que es.
“El incremento presupuestario resulta imprescindible para poder aumentar el parque público de alquiler y situar así las ciudades españolas a nivel europeo”, se lee en el comunicado remitido por el equipo de Manuela Carmena. “Actualmente, España sólo tiene el 2,5% de vivienda asequible (incluyendo VPO pero también rentas antiguas), un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía, mientras que en Austria el 24% de la vivienda corresponde al parque público de protección, o en el Reino Unido o en Francia se sitúa en el 17%”.
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Las propuestas presentadas por los concejales y concejalas que hoy se han reunido el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, incluyen otras medidas concretas para aumentar el parque de vivienda pública, pero destacan las de tipo financiero y las propuestas para potenciar nuevos modelos de cesión de vivienda.
Sobre las primeras, proponen que el Instituto de Crédito oficial disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida; que desde el Gobierno se de apoyo técnico y financiero para solicitar financiación y ayudas europeas, o que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible para conseguir la convergencia europea.
En cuanto a la potenciación de nuevos modelos, la propuesta es establecer un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.
Entre las alegaciones presentadas al Plan Nacional de Vivienda, los ayuntamientos también plantean la necesidad de evitar la especulación con la vivienda pública de compra. «La propiedad del suelo de este tipo de viviendas no debe pasar a manos privadas al cabo de los años, como sucede en la actualidad», piden las llamadas ‘ciudades del cambio’.
Otras propuestas planteadas en las alegaciones son obligar a la SAREB y a otras entidades rescatadas con fondos públicos a incorporar inmuebles vacíos al fondo de viviendas para el alquiler social. «En el redactado actual del Plan, las aportaciones son voluntarias, cosa que se ha demostrado que es ineficaz».
También piden que las ayudas a la rehabilitación prioricen al pequeño propietario con escasos recursos económicos por delante del gran propietario, y prever medidas para que las mejoras que se realizan con ayuda de fondos públicos no puedan repercutir en un incremento excesivo del contrato de alquiler que expulse a los vecinos y vecinas.
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