Javier López Madrid, consejero de OHL, en el Congreso.
En un auto del pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal desestima el recurso de apelación presentado por López Madrid contra el auto emitido el 27 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, donde acordaba procesar al empresario, así como a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo.
“Existiendo cuanto menos indicios de la posible comisión de un delito, (…) la decisión recurrida, por la que se acuerda la incoación de dicho procedimiento, resulta acertada y correcta”, han dicho los magistrados.
Además, recuerdan que, “existiendo una tesis acusatoria plausible, debe permitirse a la parte o partes que la sostienen la clausura de la fase de instrucción o investigación judicial y la consecuente posibilidad de la celebración del acto del juicio”.
“Lo que no puede pretender con éxito una parte investigada es imponer el sobreseimiento o la continuación de la fase de instrucción, mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación, al instructor, en contra del criterio de éste”, subrayan.
La Sala, continúa la mencionada agencia, se expresa de este modo porque López Madrid pidió en su recurso que se archivara la causa para él, argumentando que “no existe indicio alguno de delito” en su contra, pero de forma subsidiaria interesó que se siguiera investigando para determinar en qué consistió la presunta encomienda a Villarejo, aduciendo que “no todo encargo a un funcionario público se alza como cohecho”.
“Chiquitín, daños y perjuicios”
López Madrid esgrimía en su recurso que García-Castellón “únicamente” ha logrado establecer “la existencia indiciaria de una relación de prestación de servicios, pero no da por probada la existencia de contraprestación abonada o prometida” por el empresario al comisario.
El empresario se apoyaba en una conversación del 26 de enero de 2017 donde Villarejo señalaba que le reclamaría un pago. “Le voy a decir: ‘Chiquitín, daños y perjuicios”, decía Villarejo.
El juez ya rechazó sus pretensiones, formuladas inicialmente en un recurso de reforma, recalcando que “lo mollar” en esta causa es “la existencia de indicios de la contratación de los servicios de un comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo”, algo que considera acreditado a nivel indiciario.
Aclaraba asimismo que en esta pieza separada 24 del ‘caso Villarejo’ no se investiga “quién inició la situación de acoso, si se produjo por ambas partes, ni las consecuencias –incluso físicas– que se produjeron”.
En este sentido, indicó que “incluso en el caso, y a los meros efectos dialécticos, de que se partiese de que el acoso se llevó a cabo por Elisa Pinto, ello resultaría independiente de si se ha llevado a cabo por Javier López Madrid un delito de cohecho activo”.
Lo que intenta dilucidar la Audiencia Nacional es si López Madrid contrató a Villarejo en septiembre de 2013 para hostigar a la doctora. Según el juez, primero la habrían advertido en persona, para pasar después a seguimientos e incluso interferir en la investigación policial, una vez que Pinto denunció al empresario.
Sin embargo, esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas en los juzgados de instrucción de Madrid.
En 2020, la titular del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid, Belén Sánchez, propuso juzgar a López Madrid por delitos de acoso y amenazas –al que después ha sumado un delito de lesiones–, y a Villarejo por las heridas provocadas con “instrumento peligroso” a Pinto.
De acuerdo con la querella formulada por la doctora, en abril de 2014 fue atacada con un objeto punzante cuando bajaba del coche con uno de sus hijos, de 10 años. “López Madrid quiere que cierres la boca”, le habría dicho el agresor antes de irse. En 2017, reconoció a Villarejo como el atacante.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 26 investiga presuntos delitos contra la integridad moral y de amenazas sufridos por López Madrid, que ha instado a abrir juicio contra Pinto por las cientos de llamadas que entre 2013 y 2014 habrían recibido él y su entorno. La doctora, en cambio, ha pedido el archivo.
Cabe recordar que López Madrid fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso ‘Lezo’.
También está investigado en ‘Púnica’ por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.
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