“Estoy preocupado por la reacción-linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido que no entiendo”, ha afirmado el líder de los socialistas madrileños en una comparecencia que no ha durado ni tres minutos, en la que ha dejado claro que no se va.
El secretario general del PSOE-M continuará en su cargo y, tras denunciar ser víctima de un “linchamiento” interno, ha apuntado varias cuestiones sobre la mencionada conversación. “Si lo que se me dijo esa mañana cuando se me mandó la documentación era verdad, no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo. ¿Qué problema hay?”, se ha preguntado.
Según Lobato, “vista la reacción de algunos dirigentes de mi partido parece como que si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo”. “Yo no lo contemplo, no contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios, porque sería bastante grave”.
“Tengo bien claro que la democracia y la ley están por encima de los partidos y de los dirigentes del PSOE”, ha remarcado el líder de los socialistas madrileños. Tal y como ha destacado, “si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que hubiera tenido para mí y para el PSOE de Madrid”.
En su opinión, “al final siempre es la misma historia, se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal”.
Dicho esto, ha tenido palabras para Isabel Díaz Ayuso, al PP de Madrid y al PP nacional. “El PSOE no es una secta ni es una agencia de colocación de amigos a los que proteger”, sino que es “partido democrático” y “de militantes y de referentes políticos ejemplares y lo va a seguir siendo”.
Este lunes se conoció que Lobato era citado a declarar como testigo en la causa del Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respecto a los correos de la pareja de Ayuso.
