Lío con el Muface: las aseguradoras se plantan y los funcionarios amenazan con movilizaciones

Las posturas entre Gobierno y las aseguradoras de cara a las nuevas condiciones del concierto están bastante alejadas. Mientras que el Ejecutivo plantea una subida de la prima del 14%, desde Adeslas, Asisa y DKV defienden un incremento del 40%. El choque, por tanto, está servido. Para la sanidad privada, la “escasa remuneración” ofrecida por el Gobierno supone el “fin deliberado” del modelo Muface.

Así lo afirma la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que defiende que desde hace tiempo viene advirtiendo sobre el “fin del modelo Muface”. En su opinión, “la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública está firmado en los despachos del Gobierno de coalición”.

Para la patronal de la sanidad privada, “esta oferta remunerativa busca de forma deliberada que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector sanitario privado, que no aceptaría unas condiciones exiguas para no prestar un servicio asistencial sin la calidad adecuada”.

“Si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento de la prima significativo que garantice la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios”, afirma, y “al mismo tiempo se remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente para no caer en pérdidas en la prestación del servicio, no existe posibilidad de renovación del acuerdo”. Por tanto, alerta, “desaparecería el modelo mutualista de forma radical a partir del 1 de enero de 2025”.

CSIF: “No vamos a permitir que el modelo muera por inanición”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha alzado la voz ante esta situación. En concreto, ha reclamado al Gobierno que garantice una “financiación suficiente” para el próximo concierto de Muface.

“Asistimos preocupados a la falta de acuerdo en la negociación del futuro concierto sanitario entre el Gobierno y las aseguradoras, que en repetidas ocasiones han manifestado su intención de retirarse del modelo de asistencia médica si las condiciones del concierto no eran mejoradas”, recuerdan desde CSIF.

El sindicato incide en que el concierto debería estar cerrado en este mes de octubre “para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el comienzo del próximo año”. Ante lo que sostiene que la “calidad” de la atención sanitaria del funcionariado “no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno”, y exige que “se adecúe la prima para poder prestarse el servicio sanitario sin los recortes acontecidos en el último concierto”.

CSIF deja claro que actuará “con toda contundencia, sin descartar movilizaciones, en el caso de que no se responda a las necesidades de nuestros mutualistas”. “No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición”, asegura.

CCOO pide verse con Óscar López

Comisiones también reclama la “inmediata” renovación de los nuevos conciertos sanitarios para las y los empleados públicos, además de “garantizar su calidad”. Tras la firma del último concierto sanitario de Muface”, expone el sindicato, “venimos denunciando que los servicios que ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito concierto no cumplen con los parámetros de calidad establecidos”.

Según CCOO, el presupuesto es “insuficiente para garantizar algo tan importante como la salud de las personas”. Por ello, se ha dirigido al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y a la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, para reunirse y exigirles que “analicen y evalúen adecuadamente los gastos de la asistencia sanitaria para que podamos recuperar la totalidad de las prestaciones suprimidas o recortadas desde el año 2012”.

“Elemento distorsionador y factor de desigualdad” para la FADSP

En el lío en torno a las mutualidades, colectivos en defensa de la sanidad pública han denunciado que son un “elemento distorsionador en el sistema sanitario” y “un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso a la atención sanitaria, además de una fuente de derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado”.

Así lo considera la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que ve “necesaria la integración de estas mutualidades” en el sistema público.

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