La presidenta del Gobierno de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la ha emprendido con la Justicia de su país después de que un juez hubiese frenado la resolución gubernamental que el mes pasado canceló la licencia de Fibertel, la operadora de Internet del Grupo Clarín, el conglomerado mediático de Argentina que mantiene un duro enfrentamiento con los Kirchner. Cristina, que se encuentra en Nueva York para participar en la cumbre anual de la Organización de las Naciones unidas (ONU), ha cuestionado a la Justicia de su país a través de la red social Twitter.
La mandataria ha preguntado en la red social si “habrá que recurrir a los tribunales internacionales para que las cosas vuelvan a ser igual para todos en la Argentina”.
El juez Elvio Sagarra, ha prohibido la aplicación y la ejecución de la resolución gubernamental que canceló la licencia de Fibertel el 19 de agosto pasado. El Gobierno de Cristina Fernández había cancelado la licencia de Fibertel debido a “incumplimientos” de la normativa de telecomunicaciones, en referencia a la absorción de esa empresa por parte de Cablevisión, la mayor red de televisión por cable del país propiedad del Grupo Clarín.
La decisión gubernamental fue apelada por el grupo multimedia y varios magistrados dictaron medidas de amparo individual en favor de clientes de Fibertel. Sin embargo, el fallo del juez Sagarra tiene carácter general para el poco más de millón de abonados que tiene la empresa.
Este sábado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ha acusado al Gobierno de elegir al periodismo “como enemigo” y de ejercer presiones que “degradan” la libertad de expresión en el país, según un documento publicado en la prensa bonaerense.
«Nunca en estos 27 años de vida democrática la tarea de los medios de comunicación, la de los periodistas y la expresión de opinión crítica ha sido tan degradada por el Gobierno nacional y ciertos grupos de presión como en los últimos tiempos», alertó.
El Gobierno «busca debilitar» las «funciones de contrapeso y de vehículo de auditoría social» de la prensa, remarcó el documento, referido a la situación de la libertad de prensa en el país en el últimos años.
El Gobierno de Cristina Fernández, que mantiene una pésima relación con Clarín, La Nación y otros medios de comunicación, también ha sido criticado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que al igual que otras asociaciones periodísticas rechaza la nueva ley de Medios Audiovisuales aprobada en 2009 por el Parlamento.
La nueva normativa afecta a los intereses de grandes grupos multimedia al reducir el número de licencias de radio y televisión, entre otros puntos polémicos.
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