El nuevo paso del presidente del Gobierno de Venezuela, Hugo Chávez, en la nacionalización del sistema financiero puede acarrear serios problemas para la aseguradora española Mapfre en el país, sobre todo después de que se haya anunciado la expropiación de Seguros La Previsora, la cuarta firma más grande del sector, intervenida desde el pasado mes de diciembre. Mapfre La Aseguradora, la cuarta mayor filial de la firma española en América Latina, facturó 855,4 millones de euros (1.097 millones de dólares) en el año 2009, una cantidad nada desdeñable.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha confirmado la expropiación de Seguros La Previsora, la cuarta firma más grande del sector, que está intervenida desde diciembre pasado, según ha informado el Ministerio de Comunicación.
Chávez dijo que firmó «la solicitud a la Asamblea Nacional para expropiar Seguros La Previsora, que estaba dentro de las redes podridas de los banqueros prófugos, (y que) ahora pasa a manos del Estado y será la base principal de operaciones para un nuevo sector de seguros», según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa.
Seguros La Previsora está intervenida desde diciembre pasado como parte de la investigación de las «irregularidades» que entonces provocaron la caída de una decena de pequeños bancos privados. La empresa pertenece al empresario Pedro Torres Ciliberto, principal accionista de tres de los bancos intervenidos, contra quien pesa orden de captura por el caso y cuyo paradero se desconoce.
Chávez afirmó a finales de 2009 que su Gobierno «revolucionario» asumiría el control de la firma y la fusionará con la naciente estatal Bolivariana de Seguros. Seguros La Previsora es la cuarta aseguradora más grande del país, con el 8,3% del mercado nacional, según datos de la firma privada Softline Consultores.
Por otro lado, la Asamblea Nacional ha reformado la Ley de Bancos para impedir que los accionistas de entidades financieras dispongan a su vez de participaciones en medios de comunicación.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, ha asegurado a la prensa local que la reforma busca «desmantelar el perverso sistema que combina intereses mercantiles, industriales, comerciales y financieros con el sagrado derecho a la libertad de información y comunicación».
Sanguino ha precisado que a partir de ahora «los accionistas, directores, administradores, comisarios o factores mercantiles de empresas de comunicación, información y telecomunicaciones no podrán ser promotores, accionistas principales, directores, administradores y consejeros de bancos, cajas de ahorro y préstamo u otras instituciones financieras como casas de cambio».
La reforma ha sido impulsada por el vicepresidente del Gobierno bolivariano, Elías Jaua, al considerar que existía un “perversa relación” entre el canal privado Globovisión y el intervenido Banco Federal, a través de Nelson Mezerhane, accionistas de ambas empresas. Según ha asegurado Jaua en reiteradas ocasiones Mezarhane utilizó a Globovisión para lanzar una intensa campaña publicitaria destinada a captar nuevos clientes y fondos a sabiendas de que era irreversible la intervención del Banco Federal por falta de solvencia.
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