El Gobierno ecuatoriano presiona a las petroleras para que se den prisa en firmar los nuevos contratos de explotación. Tal es así que durante la segunda semana de agosto comenzará en la renegociación de los contratos petroleros con las empresas privadas para modificar su condición de actuales socias a operadoras de los campos petrolíferos.
Esta medida surge a raíz de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos ecuatoriana con la que se han marcado una serie de plazos para la renegociación de los nuevos acuerdos sobre hidrocarburos, que tienen que estar preparados para antes del 30 de noviembre de este año.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene la esperanza de conseguir alcanzar un acuerdo con la mayoría de las petroleras dentro del plazo fijado. A estas firmas se les pagará una tarifa por la extracción de cada barril producido en los campos.
En caso de que los acuerdos no se consigan, el Gobierno ya prepara un plan de toma de operaciones que en ningún caso contempla confiscación ni expropiación. Lo que sí que pasaría es que Ecuador se dispondría a liquidar los contratos mediante un precio justo (marcado por el Gobierno).
Los nuevos cambios legales establecen que la totalidad de la producción petrolera sea de propiedad estatal, quien recibirá también la totalidad de los ingresos extraordinarios. No es lo único ya que se protegerán los ingresos mínimos del Estado, que no serán inferiores al 25% de los ingresos brutos. Las reformas obligarán a destinar un 12% de las utilidades a programas sociales y de desarrollo en las zonas de influencia de la producción petrolera.
Empresas como la española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras, el consorcio chino Andes Petroleum y la italiana Eni se verán afectadas por esta renegociación. Analistas consultados por Europa Press han señalado que la fijación de la tarifa es el punto en el que se pueden generar un desacuerdo.
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