Las universidades públicas madrileñas alertan de su «insostenibilidad económica» en una carta a Ayuso

La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press y cuyo contenido adelantó ‘El País’ el martes, ha sido aprobada por los respectivos consejos extraordinarios, que se han celebrado esta mañana en cada una de ellas. En ella, los rectores han alertado sobre la «insostenibilidad económica» que imposibilita «la calidad del servicio público» y han puesto el foco sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2025, que se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria.

«El borrador de presupuestos no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, para cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central ni para financiar las exigencias de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad en condiciones adecuadas», han expresado en la misiva.

Por ello, han considerado «imprescindible» que «se enmienden los presupuestos» durante el trámite en la Asamblea y que «se aumente considerablemente la partida de infraestructuras», que actualmente es de 7,6 millones de euros. Además, han solicitado que se elabore un modelo de financiación plurianual y que se garantice la adaptación a la LOSU de las plantillas.

SUBVENCIÓN EN LOS PRESUPUESTOS

Si no hay cambios de última hora en el proyecto de presupuestos, las seis universidades públicas recibirán una subvención total de 1.052 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 0,9% respecto a los 1.042 millones de las cuentas vigentes. Es decir, 9,4 millones más. «La partida destinada a subvenciones ignora los argumentos que hemos planteado a la Consejería y enmascara un descenso real en la financiación de las universidades, agravando el déficit estructural», han expresado en la carta.

La inversión en las universidades públicas prevista para 2025 correspondería a un 0,43% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid, el más elevado de España, y sería un porcentaje inferior a la media nacional, del 0,55%, y lejos del objetivo de llegar al 1% marcado por la LOSU.

Más allá de la financiación global, los rectores han puesto el foco especialmente en el apartado de la partida anual destinada a transferencias corrientes para obras y reformas, que es de 7,67 millones de euros a repartir entre las seis, una cifra que «lleva congelada desde 2014», según han protestado en la carta. «Esta cifra resulta claramente insuficiente para atender las necesidades de los espacios que utilizan diariamente cerca de 30.000 profesores e investigadores, así como personal técnico, de gestión, de administración y de servicios, junto con 220.000 estudiantes, aproximadamente», han añadido.

INFRAFINANCIACIÓN «DURANTE MÁS DE 15 AÑOS»

Los rectores han denunciado la infrafinanciación «durante más de 15 años», que ha desembocado en «una situación crítica que podría volverse catastrófica» en poco tiempo. «La precariedad laboral, la imposibilidad de reponer jubilaciones, las limitaciones en promociones, la paralización de proyectos formativos y de investigación, y la incapacidad para atraer o retener talento son algunos de los desafíos recurrentes. A esto se suman infraestructuras obsoletas que representan un riesgo creciente para usuarios y trabajadores», han detallado.

La Comunidad de Madrid fue, en el curso 2021-2022, la que menos transferencias corrientes y de capital realizó a sus universidades públicas presenciales, con un total de 4.779 euros por alumno, según el informe ‘Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024’, de la Fundación CYD, publicado en enero de este año. Así, se sitúa lejos de los 9.397 euros por alumno destinados en La Rioja o de los 6.118 de media en España. En el mismo informe se indica que, por contra, la Comunidad de Madrid es la que tiene un precio medio de la primera matrícula más elevado, solo por detrás de Navarra.

Ante esta situación, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, expresó a principios de noviembre que su Consejería pretendía diseñar un plan para las universidades públicas que englobe aspectos como las «infraestructuras», independientemente de cómo se desarrolle la tramitación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). «Queremos darles herramientas y ponernos a su disposición para trabajar en una financiación adecuada», añadió.

QUEJAS ANTERIORES

Los rectores ya venían alertando de la «alarmante situación económica y de la infrafinanciación acumulada en los últimos años», tal y como la describen en la carta, desde hace tiempo. Así lo hizo, por ejemplo, el rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), Ángel Arias, en su discurso de apertura de curso de este año. «La universidad debe ser sostenible económicamente, ya que no es posible la autonomía recogida en la Constitución sin la adecuada financiación», argumentó.

Hace tres días, el enfrentamiento entre el Gobierno regional y las universidades quedó de nuevo patente con otra carta escrita por el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, en la que afeó a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sus declaraciones «injustas y falsas» sobre la universidad que dirige. El rector expresó su «más firme desacuerdo» con las declaraciones de Ayuso en las que afirmó que la UCM «otorga títulos como churros» y que está «colonizada por partidos de izquierda».

El dinero dedicado a las universidades supone el 17% del total destinado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que alcanzará los 6.657,6 millones de euros y representa casi una cuarta parte del total de las cuentas de la Comunidad de Madrid, que se eleva hasta los 28.662,6 millones de euros.

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