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Año tras año las comunidades autónomas destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales, muestra un estudio de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Si en el año 2010 eran 2 de cada 3 euros los destinados a estas políticas, en el año 2023 se ha reducido en 9 puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales, afirma.
Esta tendencia se agudizó en 2023, “donde se produjo un fuerte incremento de los presupuestos de las autónomas (+15.469 millones de euros) y, sin embargo, sólo el 12,58% de esta cantidad (1.946,6 millones) se destinaron a políticas sociales”. Pero, ¿qué región está a la cola en gasto?
La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en políticas sociales. Cada uno de sus habitantes recibe 660 euros menos en políticas sociales que la media nacional, que se sitúa en los 3.124 euros. Junto a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso está Cataluña, con 2.942 euros en 2023. Por el contrario, Navarra, con 4.161 euros, y País Vasco, con 4.079, están a la cabeza. Entre las Comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura (3.960 euros), Asturias (3.681 euros) y Cantabria (3.546 euros), detalla el mencionado informe.
Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010, y que “fueron especialmente drásticos” en 2013, condujeron a que, en ese año 2013, se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales, con menos de 100.000 millones de euros.
Desde el año 2014 y hasta el año 2020, “se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades”, apunta. En los años siguientes, con motivo de la gestión de la pandemia del Covid 19, el gasto social ha ido aumentando hasta los 149.636 millones de euros del presupuesto liquidado del año 2022.
Sin embargo, el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas sociales tiene una tendencia a la baja desde el año 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a políticas sociales fue del 67,4%, mientras que en el año 2023 fue del 58,4%. “Si se hubiera destinado el mismo porcentaje que en 2010, se hubieran invertido cerca de 23.000 millones de euros más en 2023”, critica.
A pesar de que la crisis provocada por el Covid escenificó la importancia del gasto en sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del mismo en estas políticas gestionadas por las CCAA sólo ha sido el 9,1% entre 2020 y 2023 (0,2% en sanidad, 16,8% en educación y 33,5% en servicios sociales). Mientras tanto, el aumento del gasto en el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo, lo que supone 6 veces más. “Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades”, lamenta el estudio.
“Han tenido que pasar 14 años y una pandemia para recuperar el gasto social, pero su peso en los presupuestos autonómicos es cada vez menor”. Desde 2009 todas las comunidades han incrementado su inversión “en el conjunto de áreas que nos ocupa”.
En este sentido, destacan Baleares, con una subida por habitante de un 47%; la Comunidad Valenciana (+41%), Asturias (+40%) y Extremadura (casi un 40%). Estas cuatro autonomías han incrementado en más de 1.000 euros por habitante su inversión en políticas sociales.
De acuerdo a las directoras y gerentes de servicios sociales, los 116,9 millones en 2009 sólo se superan en 2019 (122,5 millones), y en los años posteriores. Sin embargo, también se va incrementando la deuda pública, con un aumento de más de 16 puntos en el período entre 2019 y 2020. Esto supone una inversión de 3.124,49 euros por habitante en sanidad, educación y servicios sociales en el conjunto de comunidades en 2023, es decir, sólo es un 23% superior al de 2009. Sin embargo, el mayor incremento del gasto autonómico se produce en el coste la deuda pública, con más de 16 puntos entre 2019 y 2020.
El mayor descenso en el porcentaje del presupuesto destinado a sanidad se produce entre el año 2012, cuando significaba el 37,3% del presupuesto total de las comunidades, al 30,6% que representó en 2023 (6,7 puntos menos). En educación esta diferencia se encuentra entre el 23,9% del presupuesto total que recibió en el año 2010, y el 20,2% en 2023 (3,7 puntos menos). Los servicios sociales fueron la única política social que ha visto incrementar el porcentaje que recibe de los presupuestos autonómicos, aunque sólo con 3 décimas más en 2023 (7,6%) que en 2011 o 2019, cuando supuso el 7,3%.
El mayor aumento en el gasto autonómico ha sido en el pago de la deuda, multiplicándose casi por cinco su coste total y aumentando en 704,9 euros por habitante, “limitando así la capacidad de las comunidades para incrementar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales”, que creció sólo un 23,2%, 589 euros.
El estudio muestra que en el año 2009 el coste de la deuda por habitante fue sólo de 149,4 euros, mientras que a servicios sociales se destinaron 257,9. Es decir, 108,5 euros más. Sin embargo, en 2023 el coste de la deuda fue de 854,3 euros por habitante, mientras que a servicios sociales se destinaron menos de la mitad: 407,2.
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