El Gobierno no ha aplicado el aumento en la pensión de viudedad que marca la legislación con el argumento de que este incremento “supondría un importante coste para el sistema de la Seguridad Social”, una excusa que no convence a UGT que recuerda que “la mayoría de las pensiones de viudedad se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en el umbral de la pobreza”.
Por ello, el sindicato exige al Ejecutivo que cumpla la ley, por la que la base reguladora de la pensión de viudedad pasaba del 52% al 60%, para mayores de 65 años y que no perciban otra pensión pública. Reclama al Gobierno que aumente las pensiones de viudedad, recuperando la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, una norma que el Gobierno ha suspendido “reiteradamente” y que debe aplicar de «forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012”.
La central sindical considera urgente, aumentar y garantizar la calidad de vida de estos pensionistas, incrementando la cuantía de las pensiones (todas se deben actualizar conforme al IPC). Y asimismo, exige eliminar el copago farmacéutico para todas aquellas pensiones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, pues supone un grave recorte en su poder adquisitivo.
Además, UGT recuerda que las pensiones de viudedad y orfandad deben permanecer en el Sistema de la Seguridad Social: “Es decir hay que volver a revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida, recuperando el consenso político y social en este sentido, quebrantado por la reforma de pensiones impuesta por el Gobierno en 2013”, una reforma que a juicio de la organización sindical “hay que derogar”.
Este sindicato considera es irrenunciable que las pensiones de viudedad y orfandad permanezcan en el Sistema de Seguridad Social, “pues son pensiones de carácter contributivo y sacarlas del sistema, financiándolas vía impuestos, además de ser injusto, sería ir en contra de la ley y ponerlas en un claro riesgo”.
Advierte que “el paso progresivo de las pensiones de viudedad y orfandad a financiación vía presupuestos cambiaría estas pensiones a asistenciales”, con lo que se integrarían en los sistemas de asistencia social de las CCAA. Ello, supondría, según este sindicato, “una tremenda injusticia pues no solo serían objeto de recorte y unificadas a cuantía única (aunque procedan de cotizaciones diferentes), sino que su financiación y el derecho a cobrar esta pensión no quedaría garantizado”.
Ponen de manifiestp los representantes sindicales que esta alternativa -que segrega estas prestaciones- no resuelve ningún problema puesto que no sirve tampoco para atajar el déficit de la Seguridad Social. “Un déficit que afecta al conjunto del sistema y como tal debe abordarse, a través de propuestas consensuadas en el ámbito del Pacto de Toledo y del diálogo social”, en opinión de UGT.
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