Marea Blanca
Son cada vez más mayoritarias las movilizaciones de colectivos que piden la equiparación salarial respecto a sus compañeros de otras comunidades de España. Sin embargo, los medios y los partidos políticos solamente parecen otorgar suficiente tiempo a las demandas de la Policía Nacional y la Guardia Civil respecto a los Mossos y la Ertzaintza. En ese sentido, muchos otros colectivos, como la Sanidad o la Justicia, están tratando de incluir sus demandas en el debate público.
Los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) cobran diferente sueldo en función de la Comunidad Autónoma en la que trabajen. Por ejemplo, tal y como recuerda la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Redacción Médica, un sanitario que realice una guardia en Murcia cobra ocho euros más a la hora que en Andalucía.
El sueldo base es el mismo en todo el Estado. Sin embargo, los complementos que incorpora cada Comunidad Autónoma provocan diferencias sustanciales en las retribuciones de los trabajadores.
“No se puede pedir la equiparación total, pero no se pueden permitir unas diferencias tan grandes”, asegura la CESM.
Equiparación en la Justicia
La diferencia salarial entre trabajadores de la Justicia ha motivado al sindicato mayoritario entre los funcionarios (CSIF) a exigir al Ministerio de Justicia una equiparación salarial entre las Comunidades Autónomas.
En estos momentos la diferencia en el complemento específico, tras los últimos acuerdos cerrados en algunas CCAA se sitúa en el entorno de los 300 euros al mes por funcionario en el complemento específico.
Para CSIF no existe razón objetiva que justifique esta diferencia salarial que “debe ser abordada en la mesa de negociación a través de un acuerdo retributivo que homologue el complemento específico del ámbito del Ministerio al del resto de CCAA con competencias”.
Según CCOO, en el País Vasco un trabajador de la Justicia puede cobrar hasta 600 euros más al mes que un empleado que realiza la misma función en Salamanca. Y la equiparación pasa por aumentar, no por reducir el salario en el País Vasco.
Además, el CSIF denuncia “la injusta retribución” de los Letrados de la Administración de Justicia, que están cobrando menos que las categorías similares de Jueces-Magistrados y Fiscales con unos temarios parecidos.
Funcionarios y las CCAA
La Administración General del Estado paga de media un 25% menos a sus empleados públicos que las comunidades autónomas por el mismo puesto, según un informe de CSIF, que denuncia que esta situación “pone de manifiesto la discriminación de un colectivo de 230.000 personas, que se sienten maltratadas por sus responsables, en este caso, el Gobierno de España”.
Según el sindicato, estas diferencias retributivas oscilan entre los 1.000 euros menos que cobra un personal laboral en labores de mantenimiento y servicios; y los 21.600 euros de menos que cobra un funcionario A1 (titulado superior) respecto al País Vasco.
Militares
Los militares piden también un salario similar al que cobran el resto de funcionarios. La asociación militar ATME reivindica unas “retribuciones justas” para los miembros de las Fuerzas Armadas.
“Los militares llevamos demasiado tiempo soportando unas retribuciones que, además de injustas por insuficientes, no son acordes con el trabajo desempeñado”, denuncia la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).
“El militar como un ciudadano más y trabajador en el seno de la sociedad necesita de unas retribuciones ajustadas al trabajo desempeñado y acordes a las del resto de la población, en similares términos que el resto del funcionariado, trabajadores también al servicio del Estado”, señaló la asociación en su momento a Europa Press.
Prisiones
Los funcionarios de prisiones del Estado han tocado la puerta del Ministerio del Interior para solicitar la equiparación de sus sueldos con respecto al que cobran los funcionarios de las cárceles en el País Vasco. Durante los años de lucha contra ETA, el Estado creó un sistema con el que premiaba con mayores retribuciones a los empleados públicos de las prisiones vascas y navarras. Ahora piden que se iguale a todo el Estado.
Los sindicatos de prisiones ACAIP, UGT, CCOO y CSIF han firmado un acuerdo con un calendario conjunto de movilizaciones que prevé una “gran manifestación” en Madrid el 24 de febrero. Su lema será: “Igual trabajo, igual salario. Mismo Ministerio, igual trato”.
Según sus primeras estimaciones, la redefinición precisaría de un presupuesto de al menos 150 millones de euros.
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