Trabajadores
Los conflictos laborales se están dejando notar, y mucho, en los juzgados españoles. Las demandas por despido han aumentado un 16,2% solo en el tercer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta rozar las 31.000. Y no para de subir. Es más, se encamina a récords de los últimos cinco años.
Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las 30.981 demandas por despido de este tercer trimestre es la mayor cifra registrada desde los primeros tres meses de 2014, con 34.327. Por entonces la evolución era negativa, ahora la tendencia es de subir y subir.
Sin contar el último trimestre de 2019, tal y como apuntan las cifras del CGPJ, las demandas por despido superan las 88.600 y todo apunta que el año cerrará en máximos. Algo que ya pasó en 2018, con 107.294 demandas. Este dato fue mayor que el de 2017 (104.824), 2016 (98.921) y 2015 (104.457), pero no en relación a 2014 (118.213).
En cuanto al ‘reparto’ por territorios de las demandas por despido, Madrid está a la cabeza. La Comunidad Autónoma presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso se sitúa en primer lugar de esta lista, con 5.855, lo que supone el 18,9% del total nacional. Por detrás, Cataluña, con 5.467 demandas (17,6%); Andalucía, con 4.614 (14,9%); Comunidad Valenciana, con 3.549 (11,5%) y Canarias, con 2.587 (8,3%).
El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 28.752, también ha incrementado respecto a las presentadas en el tercer trimestre de 2018. En este caso, un 3,6% más. De ellas, 5.527 (19,2%) se presentaron en Madrid.
Hace apenas unas semanas los sindicatos tomaron la calle en protesta por una sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido objetivo para las bajas justificadas. CCOO y UGT, bajo el lema “No al despido por enfermar. Defiende tus derechos”, salieron a la calle contra una decisión judicial, explicaban, en base al artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores impulsado por la reforma laboral de 2012.
El Congreso de los Diputados fue uno de los escenarios elegidos por los representantes de los trabajadores para reclamar a los partidos políticos y a sus grupos parlamentarios “su compromiso para derogar urgentemente este precepto legal (art. 52.d del ET)”. Según afirman, “es injusto y ampara la discriminación, haciendo prevalecer los intereses económicos de las empresas sobre la salud de los trabajadores”. Por ello, exigen la derogación de una vez por todas de las reformas laborales, “que han mermado los derechos de los trabajadores y han debilitado la negociación colectiva en favor de los empresarios”.
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