El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty
Las Comunidades Autónomas del PP han firmado una declaración conjunta en la que se plantean denunciar ante la Comisión Europea los criterios del Gobierno para el reparto del fondo React-Eu que, a su juicio, «se están imponiendo unilateralmente» y con un comportamiento que, consideran, responde a «tratar de beneficiar a ciertos territorios por razones políticas».
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, también reclama la convocatoria «con carácter de urgencia» del Consejo de Política Fiscal y Financiera para afrontar en este órgano «un nuevo modelo de reparto para el fondo React-EU acordado entre las comunidades autónomas, bajo los principios de transparencia, igualdad, solidaridad y cohesión territorial».
Los dirigentes ‘populares’ también censuran en el texto «la inexistente participación que el Gobierno está dando a las comunidades autónomas» y, en este sentido, han recordado que la Conferencia de Presidentes no se celebra desde el pasado 26 de octubre.
En esa denuncia ante la Comisión Europea, Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia, Castilla y León y Ceuta también estudian poner de manifiesto que la forma de proceder del Ejecutivo se acomete «sin transparencia, con decisiones sectarias y poco democráticas». «Lo que es claramente intolerable, y un abuso que la Unión Europea no debería permitir a ninguno de sus Estados Miembro», han apostillado los consejeros de Hacienda de las seis comunidades autónomas.
La pretensión del documento suscrito por estas comunidades es «denunciar públicamente la falta de información y la forma de proceder del Gobierno respecto a la gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», que estiman que carece de transparencia, además de ser impuesto y discrecional.
Los consejeros de Hacienda trasladan que el reparto territorial por el Gobierno del fondo React-EU se presentó en «una videoconferencia a la que solo estuvieron convocados los directores generales de Fondos Europeos» de las comunidades autónomas, un hecho que reprochan al Gobierno al argumentar como «una falta de respeto institucional a las comunidades» por considerar que debía haberse abordado en «un foro de debate con los titulares de Hacienda en el marco legalmente establecido a tal fin».
Tras sostener las seis comunidades firmantes que «el modelo de reparto propuesto vuelve a realizarse con criterios y datos que no son transparentes», reivindican su representatividad tras blandir que suponen «el 46% de la población de España». También trasladan que «se sienten injustamente perjudicados con esta forma de actuar del Gobierno de España, y muy especialmente por el modelo del reparto territorial del fondo React-EU».
A juicio de estas seis comunidades, «las decisiones inequitativas y sin transparencia que se están tomando ponen en serio peligro la cohesión territorial de España», de la que deducen que «claramente deterioran la calidad democrática de nuestro país y, por tanto, de Europa».
El documento lo firman el consejero de Hacienda y Financiación Europea de Andalucía, Juan Bravo; el consejero de Hacienda de Galicia, Valeriano Martínez; el consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán; el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty; el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Javier Fernández; y la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, Kissy Chandiramani.
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