Edificio de viviendas
Las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos. Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, presentado este martes por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación Foessa.
“Desde la aparición del impactante tsunami que desencadenó la pandemia de Covid-19, cuyas consecuencias abarcaron tanto la esfera social como la económica, junto con su inmenso coste en términos de salud, diversos eventos han continuado azotando a las familias y sus economías”, afirma la secretaria general de Cáritas. Según señala, “desafíos como el conflicto en Ucrania, el aumento en los costes de los suministros energéticos o la crisis inflacionaria, persisten en poner a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda”.
El informe apunta que, “si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008”, la realidad es que “el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%”. “Esta disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes”, ya que, tal y como explica, “el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5%)”.
Para Daniel Rodríguez, “si bien es necesario abordar la ecuación ingresos-gastos de manera simultánea, probablemente el déficit más pronunciado se encuentra en la actualidad en la esfera de los gastos”. “Así, a pesar de un crecimiento moderado pero constante en los ingresos, los gastos, con mención especial a la vivienda, se han elevado de manera notable lo que ha generado desafíos significativos en términos de asequibilidad y sostenibilidad financiera para numerosos hogares”, remarca el integrante de la Fundación Foessa.
Ante esta situación la vivienda se presenta “como el factor determinante que desequilibra la ecuación ‘ingresos menos gastos’”. En este sentido, y de acuerdo al último dato de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022), el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189% con respecto a 2008”. En concreto, el gasto en electricidad aumentó un 82%, mientras que en el caso de los combustibles líquidos para el suministro de calefacciones fue del 180%, advierte este estudio.
“Esta situación se traduce en un constante equilibrio precario entre garantizar el pago de la mensualidad de la vivienda y sus suministros en los primeros días del mes, a expensas de caer por debajo del umbral de la pobreza severa y, como resultado, descuidar otras necesidades fundamentales del hogar”, señala Rodríguez.
Asimismo, el esfuerzo de una familia para adquirir una vivienda también está al alza. A día de hoy son necesarios 7,7 años de renta bruta anual para comprar una casa frente los 2,9 años que eran necesarios en 1987. “No solo se necesitan más años, sino que, en la mayoría de los casos, los ingresos se conforman desde diversas fuentes, ya que hay muchos más hogares que cuentan con más de dos aportes gracias a la incorporación de la mujer al mercado laboral”, subrayó el sociólogo de la Fundación Foessa.
A esto hay que sumar el ‘boom’ del mercado del alquiler. “La mitad de las familias que cuentan con una casa en alquiler también sufren estrés financiero”, según este informe. De acuerdo a datos de EINSFOESSA 2021, con cifras de 2020, un tercio de la población en alquiler están en situación de “estrés moderado” y, “lo que es aún más preocupante”, el 16% de la población en alquiler experimenta un “nivel extremo de estrés financiero”. Esto quiere decir que el pago del alquiler supone más del 60% de sus ingresos.
“Como hemos aprendido en la Gran Recesión financiera de 2008, estas situaciones precarias pueden ser la antesala de crisis aún más graves, como los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Cuando las familias luchan constantemente para cubrir los costos de la vivienda, se vuelven vulnerables a la pérdida de sus hogares y al colapso financiero”, explica Daniel Rodríguez.
“La dificultad de acceso a viviendas dignas y a precios asequibles se presenta, por tanto, como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo”. Por ello, desde Cáritas y la Fundación Foessa ponen sobre la mesa varias medidas. Entre ellas, ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, “lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles”. También, “planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación”.
“Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral” es otra de sus propuestas. En este sentido defienden continuar en la senda de la reducción de la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas. Junto a esto, abogan también por fijar un “sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente”, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa.
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