Universidad Rey Juan Carlos
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha confirmado hoy que presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial ante el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que acuerda el archivo parcial del caso máster para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho.
Según han informado a Efe fuentes de la Universidad, el rector, Javier Ramos, ha trasladado en el Consejo de Gobierno de la URJC que finalmente se recurrirá dicho auto de la jueza Carmen Rodríguez Medel, después de que el pasado 3 de octubre la universidad ya adelantara su intención de recurrirlo.
Rodríguez-Medel archivó el pasado mes de septiembre la causa de prevaricación y cohecho para 19 de los investigados, de manera que cerraba la pieza C de Casado y reducía la pieza principal únicamente al supuesto delito de falsedad documental, que imputa a la expresidenta regional Cristina Cifuentes y a otros cuatro investigados.
De esta forma, continuaban como investigados solo las personas involucradas en relación al trabajo de fin de máster que Cristina Cifuentes asegura haber realizado y presentado ante un tribunal, pero cuya acta de evaluación fue presuntamente falsificada.
Además de Cifuentes, los investigados son el exdirector del ya clausurado Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Alvarez Conde, investigado en otro juzgado por supuesta malversación de fondos del Instituto; dos profesoras del tribunal, Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, así como la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.
Para la jueza, el informe del teniente fiscal del Supremo Luis Navajas y el auto del alto tribunal “son determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento”.
La URJC asegura que “respetando las decisiones judiciales que se han adoptado, está comprometida con llegar hasta el final del asunto y que se depuren todas las responsabilidades que correspondan con respecto al Instituto de Derecho Público, cuyos hechos que han sido conocidos a lo largo de estos meses y han causado un gran daño a la reputación de la universidad”.
Desde la Universidad insisten en que “no quieren pasar por alto” las irregularidades detectadas que “deben ser investigadas hasta el final”, ya que su obligación como institución pública, dicen, es “defender la honorabilidad y el buen hacer de los alumnos, de los profesores y del resto de los trabajadores de esta universidad pública”.
La URJC ha “colaborado de manera activa con la investigación judicial siempre superando los obstáculos y la opacidad que había en dicho instituto que ya ha sido clausurado”, concluyen desde la universidad
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