Laboratorio
La externalización de los análisis clínicos de los llamados ‘hospitales de Aguirre’ continúa paso a paso. Casi al mismo ritmo que avanza el descenso del precio para realizar el servicio. En un primer momento fue la Comunidad de Madrid quien tiró el presupuesto anual y ahora el turno es de las empresas.
La Consejería de Sanidad ha recibido esta semana un total de tres sobres con ofertas económicas. Eurofins Megalab, la unión de empresas (UTE) United Laboratories y la UTE Analiza Sociedad de Diagnóstico son las compañías que se han lanzado a por el contrato de 78,5 millones para los próximos cuatro años.
La UTE Analiza Sociedad de Diagnóstico –compuesta por Analiza, Cerba, Hospital Moncloa y URA- a priori iría ‘en cabeza’ tras ofrecerse hacer el servicio por el menor precio. Un aspecto clave en un proceso donde el criterio precio representa el 50% de los puntos del contrato. Es decir, la oferta económica más baja se llevará la mitad de la valoración.
Si la Comunidad de Madrid ha puesto un precio per cápita (la cuantía máxima por persona y año que cubrirá los servicios para la población asignada) de 15,88 euros, según ha podido conocer EL BOLETÍN, la UTE Analiza Sociedad de Diagnóstico ha ofertado 14,89 euros.
Por su parte, United Laboraties (donde está presente Ribera Salud, una de las empresas encargadas actualmente del servicio) ha dejado su cifra en los 15,55 euros y Eurofins Megalab en 15,72 euros.
Garrido saca a concurso los análisis clínicos hasta 2023 y por menos dinero que hace una década
De esta manera, el servicio sigue ‘perdiendo’ dinero respecto a hace una década. En 2008, la Comunidad de Madrid fijó el precio per cápita en los 22,05 euros. Sin embargo, el Gobierno de Esperanza Aguirre acabó aceptando un importe de adjudicación mucho menor: 15,90 euros. Ahora, Garrido ni tan siquiera llega al dejar su precio de salida en los 15,88 euros.
Si finalmente Analiza Sociedad de Diagnóstico gana los análisis clínicos de los hospitales Infanta Leonor, Henares, Infanta Cristina, del Sureste y del Tajo, lo haría por 18,4 millones de euros al año (14,89 euros per cápita y hay 1.235.876 madrileños que cubrir).
En definitiva, se trataría de una cifra que representaría 1,2 millones de euros anuales menos de lo presupuestado por la Comunidad de Madrid; y también 1,2 millones de euros al año menos de lo que se paga en la actualidad.
Fuentes de la plantilla lamentan a este medio que Analiza Sociedad de Diagnóstico “haya tirado los precios”. “Nos da mucha pena que se juegue así con un servicio tan esencial como este”, analizan. Es más, no dudan en enfocar su futuro (incierto al no obligarse la subrogación) “todavía con más miedo al ver las ofertas económicas”.
A pesar de ello, los profesionales del actual servicio de análisis clínicos no se han quedado con los brazos cruzados. Los trabajadores realizaron una colecta para poder denunciar ante los tribunales el contrato que ha sacado la Comunidad de Madrid.
La plantilla de los análisis clínicos lleva la privatización de Garrido ante los tribunales
El caso ya ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de que el Tribunal Administrativo rechazase el recurso (sin entrar en el fondo) por haberlo presentado supuestamente fuera de plazo. El bufete de abogados niega el pequeño fallo alegando que tienen por escrito que la Comunidad de Madrid confirmó que entraban dentro de las fechas.
La plantilla insiste en que se suspenda la licitación ante varias irregularidades detectadas. Ahora el turno recaerá sobre el TSJM al que piden que suspenda cautelarmente el procedimiento hasta que se resuelva el recurso. Esto puede durar entre uno y dos años, según calculan, por lo que se prorrogaría el contrato actual.
“Esperamos que un juzgado pare toda esta locura, ya que al gobierno de la Comunidad de Madrid poco le importamos los trabajadores y los ciudadanos afectados como nos han demostrado con su negativa a recibirnos durante ya casi dos años”, sentencian los trabajadores.
Mientras tanto, el proceso sigue su curso a pesar de las críticas de la oposición y de los actuales profesionales del servicio. Y más después de ver que no solo se ha rechazado acabar con la privatización, sino que se han empeorado las condiciones.
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Ahora no se garantiza la subrogación (se puntúa con un 10% a la empresa que presente un mayor porcentaje de mantenimiento en plantilla) y se paga peor por un servicio que tiene que cubrir a más gente que hace una década.
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