“Se desconoce en base a qué criterios tomaron estas decisiones, ni el supuesto ahorro o mejora en la prestación de la asistencia sanitaria que se habría podido obtener”. De esta manera, la Cámara de Cuentas se refirió en su último informe a la privatización sanitaria que impulsó Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Un estudio con el que el organismo fiscalizaba diez años de plan sanitario y que no ha encontrado valoración por parte de la Comunidad de Madrid. De hecho, la Consejería de Sanidad se ha negado a responder a esto mismo que señaló la Cámara de Cuentas: que no hubo informe que avalase el proceso.
“Debido a la ambigüedad de la pregunta, no es posible emitir una respuesta adecuada a la petición de referencia”, ha afirmado la Consejería de Sanidad en su contestación parlamentaria a la portavoz de Sanidad de Podemos en la Asamblea de Madrid, Mónica García.
Una respuesta a una pregunta de la diputada de la formación morada que requería “qué informes técnicos tiene la Consejería de Sanidad sobre la eficiencia de dicha privatización” cuando se cumplen “más de 10 años de privatización de la sanidad madrileña”.
Sin embargo, a la pregunta sobre si hay informes técnicos o no, no ha habido contestación alguna.
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