En un escrito presentado el pasado viernes, los letrados de la pareja de la presidenta regional solicitaron al magistrado Francisco Goyena que se inhiba después de que se les diera traslado del documento en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera la responsabilidad en el caso de la difusión de una nota informativa en la que se daba cuenta del cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso relativo a un supuesto fraude fiscal.
También el pasado viernes el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce la acusación particular, remitió al instructor un escrito en el que solicitaba igualmente la elevación de la causa al Tribunal Supremo.
Esta petición por parte del ICAM se produjo tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado el Colegio en un comunicado.
Pilar Rodríguez y Julián Salto declararon este jueves ante el magistrado que instruye el caso que la orden directa de la emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid correspondió al fiscal general del Estado. En la misma línea se pronunció el pasado 13 de junio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
El propio fiscal general del Estado asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo.
El instructor dio traslado a las partes para que se pronuncien y todo parece apuntar que la causa terminará en manos del Supremo, recoge la citada agencia.
