Rohingyas rescatados en Tailandia tras quedar varado su barco
Las agencias de Naciones Unidas y las ONG con las que colabora la ONU han solicitado 877 millones de dólares (unos 738 millones de euros) para atender la crisis humanitaria generada por la llegada en 2017 de cientos de miles de rohingyas desde Birmania a Bangladesh, con vistas a ayudar tanto a los refugiados como a las comunidades de acogida.
Más de 900.000 rohingyas viven como refugiados en territorio bangladeshí, en su mayoría llegados tras la ola represiva de agosto de 2017, en la que investigadores de la ONU percibieron una «intención genocida» por parte de las Fuerzas Armadas de Birmania.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos consideran que todavía no se dan las condiciones para garantizar un retorno seguro de estos refugiados a Birmania, aunque el Plan de Respuesta Conjunta para 2020 es inferior a los 921 millones de dólares requeridos en 2019 –financiados en algo más del 70 por ciento–.
En esta ocasión, reclama 877 millones de dólares con los que poder ayudar a 855.000 refugiados y a más de 444.000 bangladeshíes que se encuentran en situación «vulnerable» en las comunidades de acogida, según un comunicado conjunto del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El mantenimiento de servicios básicos, desde alimentación a saneamiento pasando por el acceso a refugio o a agua limpia, representa el 55 por ciento de los fondos requeridos. De hecho, las necesidades alimentarias suponen casi tres de cada diez euros incluidos en este plan.
El jefe de ACNUR, Filippo Grandi, ha considerado «esencial» que la comunidad internacional responda a este llamamiento económico «para garantizar el bienestar de los rohingyas», tanto ahora en Bangladesh como cuando puedan volver de forma «segura y sostenible» a Birmania.
Hasta ese retorno, ha añadido, «el mundo debe estar del lado de los rohhingyas y del Gobierno y la población de Bangladesh que los acoge». Uno de los objetivos de la ONU, de hecho, pasa por garantizar la coexistencia entre vecinos de la zona y refugiados y mejorar la economía local, por ejemplo favoreciendo la infraestructura, los trabajos de rehabilitación del medio ambiente e iniciativas de energía.
El director general de la OIM, António Vitorini, ha incidido en la necesidad de plantear «inversiones a largo plazo» para crear «condiciones sostenibles y dignas para todos» hasta que los rohingyas puedan regresar a Birmania. «El foco del Plan de 2020 en infraestructuras, sustento, protección y medio ambiente es una extensión del trabajo realizado hasta la fecha», ha esgrimido.
La ONU ha subrayado que gracias a los fondos recabados en los últimos años se han logrado avances clave como la elaboración de un registro biométrico de todos los refugiados o la dotación de gas licuado para todos los hogares de refugiados y unas 30.000 familias bangladeshíes.
Para este año, las organizaciones internacionales aspiran a aprovechar la «importante oportunidad» que representa la decisión del Gobierno de Bangladesh de permitir el uso del currículum educativo birmano en los campos de refugiados. Unos 10.000 niños se beneficiarán de la fase piloto, clave para que estos menores puedan seguir estudiando y no haya una generación perdida.
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