Alrededor de 13,4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Burkina Faso, Malí y la región occidental de Níger a causa de las «crisis complejas» que atraviesa el Sahel, una cifra que supone un máximo histórico, tal y como ha afirmado este martes la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
«El número de desplazados internos se ha multiplicado por 20, pasando de 70.000 a 1,4 millones, en menos de dos años en el Sahel central», ha dicho el organismo, que ha agregado que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria grave en Burkina Faso se ha multiplicado por cinco en Burkina Faso, casi por dos en Malí y ha aumentado un 77 por ciento en Níger, en comparación con 2019.
Así, ha indicado que en estos momentos hay 6,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en la región, si bien ha afirmado que «esta cifra podría aumentar a causa de los efectos socioeconómicos» de la pandemia de coronavirus.
La OCHA ha incidido en que «las necesidades están en un tope histórico» a causa de «la combinación de violencia armada, inseguridad, pobreza subyacente, débil gobernanza y fragilidad, presión ambiental vinculada al cambio climático y presiones demográficas», antes de advertir de que «cada vez es más difícil tener acceso a las personas vulnerables a causa de la inseguridad, incluidos ataques contra civiles y trabajadores humanitarios».
En este sentido, ha apuntado que entre los efectos del cambio climático figuran los más de 500.000 afectados a causa de las inundaciones registradas este año en estos tres países, al tiempo que ha pedido 1.400 millones de dólares (cerca de 1.180 millones de euros) para dar ayuda «crítica» a 9,8 millones de personas en esta región.
La valoración de la OCHA ha sido publicada apenas un día después de que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmara que el recrudecimiento de la violencia en estos países ha dejado más de un millón de desplazados durante el último año y provocado un 62 por ciento más de víctimas mortales.
Según el organismo, la población civil está pagando el precio más alto de la escalada de la violencia a pesar de que, conforme al Derecho Humanitario, los civiles deben ser respetados y protegidos. Así, según el proyecto ACLED, que hace seguimiento de la violencia en el mundo, más de 4.660 personas murieron en los primeros seis meses de 2020.
El presidente del CICR, Peter Maurer, advirtió al término de su visita a Burkina Faso y Níger en la última semana de que la intensificación de los combates hace peligrar el acceso a los servicios básicos, incluida la asistencia de salud, y afecta a una economía frágil que además se ve amenazada por la pandemia de COVID-19.
«La combinación de violencia y muertes en aumento, instalaciones sanitarias cerradas, efectos del cambio climático y la pandemia de la COVID-19 hacen aún más compleja esta crisis y le dan múltiples dimensiones», resaltó Maurer. «Aquí se atraviesan múltiples dificultades que provocan sufrimiento intenso a las familias», zanjó.
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