Imagen del hemiciclo del Congreso. (Foto: Congreso)
Esta iniciativa forma parte de la estrategia que han puesto en marcha ambas organizaciones sindicales para acabar con el recorte salarial que todas las enfermeras, médicos y fisioterapeutas que trabajan en la sanidad pública “llevan sufriendo desde 2010”. Un ‘tijeretazo’, explican en una nota, “que les supone una pérdida anual de más de 377 millones de euros detraída de los bolsillos de estos profesionales”.
El secretario general de CESM, Víctor Pedrera, y la presidenta de SATSE, Laura Villaseñor, han registrado en el Congreso la petición adjuntando una propuesta de PNL en la que piden a todos los grupos parlamentarios que muestren su apoyo a los 400.000 médicos, enfermeras y fisioterapeutas afectados, así como al resto de empleados públicos, y presionen al Gobierno para acabar con una “situación injusta y discriminatoria que dura ya 14 años”.
En concreto, a través de la PNL se busca que el Congreso inste al Gobierno a que realice las modificaciones legales y normativas necesarias para poner fin al recorte que sufren las pagas extraordinarias y, en consecuencia, se proceda, “tal cual establece el Estatuto Marco del Personal Estatutario y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)”, a retribuir en cada paga extraordinaria la cantidad completa referida a una mensualidad del sueldo base y los trienios que correspondan.
SATSE y CESM, que han solicitado también una reunión con todos los partidos, confían en que, una vez se presente la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, todos los grupos “apoyen o promuevan, con enmiendas al texto”, la recuperación íntegra del importe de las pagas extraordinarias.
Al respecto, ambas organizaciones sindicales recuerdan que se trata de una medida que anualmente se incluye en la Ley de PGE sin que exista, en la actualidad, “ninguna razón de coyuntura económica que recomiende un recorte en las retribuciones”. De este modo, añaden, “el personal empleado público dejará de ser el único colectivo laboral de nuestro país al que deliberadamente no se le abonan sus retribuciones íntegras”.
Además de a todos los partidos en el Congreso, SATSE y CESM ya se han dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “En caso de no producirse avances”, han anunciado que saldrán a la calle y promoverán diferentes acciones de movilización, “sin descartar ninguna incluida la convocatoria de huelga”.
De acuerdo a la información traslada a los grupos parlamentarios, recorte salarial supone que cada médico pierde al año de media unos 1.200 euros y 700 euros en el caso de las enfermeras y fisioterapeutas.
En concreto, los médicos sufren un recorte del 38,29% en el importe del sueldo base y en el del trienio de las pagas extra. Esto supone una pérdida, en cada una de las pagas extra, de 508,08 euros en sueldo base y 19,54 euros por cada uno de los trienios que tenga consolidados el profesional, exponen en el citado comunicado.
Por su parte, a las enfermeras y fisioterapeutas se les aplica un recorte del 27,07%, lo que les supone perder en cada paga extra un total de 310,57 euros en sueldo base y 11,28 euros por cada trienio consolidado.
“Teniendo en cuenta el número de efectivos médicos, fisioterapeutas y enfermeros que hay actualmente en el Sistema Nacional de Salud el recorte que asumen estos profesionales sanitarios”, aseguran, “supone en torno al 88,3% del todo el recorte realizado en las pagas extraordinarias de los empleados públicos del SNS”.
Para estos sindicatos “esto evidencia cómo los recortes son aplicados con carácter progresivo, en detrimento de estas categorías, mientras que las escasas subidas salariales de carácter general se aplican en el mismo porcentaje a todas las categorías”.
Además, supone una pérdida de poder adquisitivo para los médicos del 24,43%, mientras que las enfermeras y fisioterapeutas pierden un 20,10%.
Ambos sindicatos consideran que la recuperación de la integridad de las pagas extraordinarias es una “cuestión de dignidad profesional, ya que el maltrato actual que reciben del Gobierno de España con la connivencia silenciosa de los gobiernos autonómicos no es el mejor camino para motivar a las profesiones sanitarias que sostienen el SNS”.
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