Banderas de Reino Unido
La normativa contra el coronavirus puesta en marcha en Reino Unido conlleva «serias» implicaciones para los derechos de las personas mayores y los discapacitados, han avisado desde la ONG Human Rights Watch (HRW), la Red Nacional de Usuarios Sobrevivientes del Reino Unido (NSUN) y el experto internacional de Derechos Humanos Gerard Quinn.
En este contexto, han considerado que la aplicación de la misma debe ser vigilada «cuidadosamente» para proteger los derechos de estas personas, aludiendo a los derechos a la atención médica, la educación y la libertad.
La normativa proporciona a las autoridades británicas poderes de emergencia para abordar la pandemia de Covid-19 y requiere que el Parlamento la renueve cada seis meses.
«En estos tiempos sin precedentes, debilitar las salvaguardas de la ya coercitiva Ley de Salud Mental y extender sus poderes es un paso grave y pone en riesgo los derechos de las personas con discapacidad», ha indicado la CEO de NSUN, Akiko Hart.
«Dadas las implicaciones de la Ley de Coronavirus para algunas personas a las que busca proteger, es vital que el Gobierno se asegure de que la ley no menoscabe sus derechos y cause daños duraderos», ha agregado.
A juicio de HRW, algunos poderes de emergencia, como las restricciones en las reuniones públicas o el transporte, pueden estar justificadas a medida que continúa la propagación del Covid-19.
Sin embargo, algunos poderes adicionales, como detener a personas sospechosas de haber contraído el coronavirus para realizarles un test puede hacer más fácil la detención de personas con problemas mentales, lo que puede derivar en violaciones potenciales de los Derechos Humanos fundamentales.
Así, según las organizaciones y Quinn, la nueva ley «probablemente» empeorará la situación de las personas con discapacidad en un contexto ya difícil, especialmente debida a los recortes en la asistencia social, los beneficios por discapacidad y los abusos ya existentes contra estas personas.
La normativa británica cambia las evaluaciones de salud mental en Inglaterra y Gales, reduciendo el umbral de detención por motivos de salud mental al requerir únicamente la recomendación de un médico. La Ley actual de Salud Mental requiere las recomendaciones de dos médicos, lo que proporciona, al menos, ciertas garantías contra el abuso de poder.
La ley también extiende los límites de tiempo necesarios para detener a personas en contextos de salud mental y elimina el requisito de la segunda opinión para obligar a personas a ingerir medicamentos psiquiátricos contra su voluntad, han denunciado.
Actualmente, la Comisión de Calidad de la Atención recibe alrededor de 16.000 solicitudes de segundas opiniones formales cada año y entre 2018 y 2019 cambió los planes de tratamiento en el 29 por ciento de las solicitudes. En este sentido, la eliminación de estas garantías puede infringir el artículo 8 de la Ley de Derechos Humanos, han recordad HRW, NSUN y Quinn.
La normativa contra el coronavirus también relaja las reglas y los estándares fijados para los servicios de atención social, suspendiendo las obligaciones de la Ley de Atención de 2014, que tiene el objetivo de evaluar y organizar los servicios para satisfacer las necesidades de los adultos con discapacidades.
Esto afectaría «significativamente» a las personas mayores, las personas con discapacidades en el aprendizaje y otras que viven en Reino Unido. Además, las autoridades ya no tendrían que cumplir con los planes de atención y apoyo una vez que las personas con discapacidad sean expulsadas de instalaciones residenciales, dejándolas en riesgo de abandono en sus propios hogares.
«No es necesario sacrificar el apoyo a miles de personas con discapacidad y personas mayores para combatir la actual crisis del Covid-19″, ha señalado la directora de Derechos de la Discapacidad de HRW, Shanta Rau Barriga. Estos son los grupos de mayor riesgo en esta pandemia; tampoco deberían estar en riesgo debido a su respuesta», ha aseverado.
Por ello, HRW, NSUN y Quinn han subrayado que Reino Unido debe establecer mecanismos claros para vigilar el impacto en los derechos de la nueva normativa contra el Covid-19.
Han considerado que deben establecer el «deber» de apoyar a las personas que necesitan atención y presentar informes al Parlamento de Reino Unido cada tres meses. Asimismo, el informe ha de ser evaluado por el Parlamento si se pide que se renueve la legislación.
«Las emergencias exigen una respuesta personalizada y eficiente. Pero hay límites, incluido pisotear los derechos y protecciones existentes, especialmente para los grupos con mayor riesgo de contraer coronavirus, como las personas mayores y las personas con discapacidad», ha apuntado Quinn.
«Si no tenemos cuidado, tales medidas pueden convertirse en caballos de Troya para erosionar innecesariamente las protecciones establecidas», ha concluido el experto, que también es profesor de Derecho en la Universidad de Leeds y en el Instituto Wallenberg de la Universidad de Lund, en Suecia.
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