La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso se reunirá este miércoles para analizar el informe redactado por los servicios jurídicos de la institución sobre la tramitación parlamentaria de los decretos leyes del Gobierno de Pedro Sánchez en periodo electoral y con las Cortes disueltas.
Según fuentes parlamentarias, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado esta cita a las diez de mañana para estudiar el documento que la Mesa del Congreso encargó el pasado 4 de marzo, un día antes de que disolviera la Cámara al publicarse el decreto de convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril, informa Europa Press.
La pretensión del órgano del Gobierno de la Cámara es aclarar especialmente cómo actuar si la Diputación Permanente –el único órgano que permanece activo tras la disolución del Congreso– aprueba tramitar esos decretos leyes como proyectos de ley, pues es algo de lo que no existe precedente.
El día 1 de marzo, el Gobierno aprobó tres decretos leyes relativos a la preparación del Brexit, la regulación del mercado de la vivienda, y las medidas de igualdad entre las que se incluye la ampliación del permiso de paternidad, mientras que el día 8 hizo lo propio con el relativo a un paquete de medidas de protección social como la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
Conforme al artículo 57.1 del Reglamento del Congreso, en esos casos de disolución de las Cortes la Diputación Permanente asume «todas las facultades» que la Constitución atribuye a la Cámara en relación con los decretos ley.
Ello garantiza que no hay ningún momento de vacío de poder en el Poder Legislativo y que los decretos ley que apruebe el Gobierno podrán ser sometidos en la Diputación Permanente al debate de convalidación o derogación que en situación ordinaria asume el Pleno.
De acuerdo con la legislación, esos decretos ley deberán ser convalidados por el Congreso, y al no estar ya en funcionamiento el Pleno del Congreso esa tarea la asumirá la Diputación Permanente, algo que ya ha ocurrido en otros periodos entre legislaturas.
Pero en cada convalidación de un decreto ley se vota también, y cualquier grupo parlamentario puede pedirlo, si se tramita o no ese texto como proyecto de ley, abriendo así la puerta a introducir cambios vía enmienda.
La tramitación de los decretos ley del Gobierno como proyectos de ley ha sido una constante esta legislatura sin mayoría absoluta, con lo que esas normas se han sometido después a un plazo de enmiendas para poder debatirse en las distintas fases de la tramitación parlamentaria: ponencia, comisión y pleno.
Pero ahora, con las Cortes disueltas y cuando sólo permanece activa la Diputación Permanente y no existen comisiones parlamentarias, la Mesa de la Diputación Permanente quiere saber cómo actuar si se aprueba tramitar como proyecto de ley alguno de esos decretos, algo de lo que no existe precedente.
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