Boina de contaminación sobre Madrid
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 que ayer entregó el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en el Congreso de los Diputados “demuestra el desinterés del Gobierno” por la lucha contra el cambio climático, según denuncia Greenpeace.
La ONG ecologista explica que el gasto para prevención de la contaminación y el cambio climático ha sufrido un ‘hachazo’, con una partida de 27,64 millones de euros, un 45,6% menos respecto a los 50,85 millones de las cuentas de 2016. Para la Oficina Española de Cambio Climático este año se han presupuestado 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos respecto de los 49,67 millones de 2016.
Greenpeace sostiene que esto supone una pérdida de prioridad ante el mayor problema que afronta la humanidad, cuyas consecuencias perjudicarán gravemente la vida de la población española. Asimismo, a juicio de la ONG, supone mandar una señal política muy negativa de falta de compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París, “justo cuando más se necesita mostrar fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump”.
La organización ecologista exige coherencia para dotar suficientemente las medidas que deberá incorporar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de fin de año.
“Con esta partida presupuestaria es muy difícil hacer frente al cambio climático y cumplir nuestro compromiso del Acuerdo de París y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables”, señala Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Por otro lado, la organización hace notar su preocupación por la disposición adicional que habilita al Ministerio de Energía a destinar el superávit de la tarifa eléctrica a pagar indemnizaciones a las eléctricas, “una excepción que contradice la ley en vigor de este mismo Gobierno por la que el sobrante de la tarifa eléctrica, cuando se produzca, debe destinarse en primer lugar a enjugar el déficit acumulado que pagan los consumidores”. “Vemos un ejemplo más de la política que favorece a las eléctricas y como venimos denunciando, aquí el que contamina cobra”, concluye Nuño.
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