La nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que pretende aprobar el Gobierno de Cristina Cifuentes continua levantando ampollas y no sólo no suma apoyos sino que los resta. La norma la rechazan los partidos de la oposición, sindicatos, asociaciones vecinales y ecologistas, pero también los ayuntamientos de la región que no están en manos del Partido Popular.
Los argumentos de los detractores de la futura norma que regirá el urbanismo de la región son numerosos y diversos pero coinciden en que el texto reproduce los errores que dieron lugar a la burbuja inmobiliaria. Además, consideran que la ley no facilita herramientas a los municipios para rectificar los excesos urbanísticos que se cometieron antes de la crisis, ni tampoco permite a las administraciones públicas regular el mercado inmobiliario para garantizar el derecho a la vivienda, conteniendo el alza desmedida de los precios, mediante la obtención de suelo para la construcción de vivienda social.
Por ello, la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid aprobó esta semana una resolución, con el voto en contra del PP, en la que rechaza el proyecto de ley del suelo propuesto por el Gobierno regional y pide una revisión integral del texto legislativo que permita valorar su incorporación. Además, reclaman que dicha revisión cuente con la intervención de, al menos, todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid así como de aquellas instituciones, organizaciones y colectivos que por su trayectoria, interés o ámbito de actuación, proceda incorporar a este trabajo de revisión.
Entre las reivindicaciones que hacen los ayuntamientos está “aumentar el porcentaje de reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección pública de régimen básico o de cualquier otra modalidad que establezca un precio máximo de venta o renta o los ingresos de los usuarios. La reserva debería establecerse en el 50% de la edificabilidad tanto en suelo urbanizable como en urbano no consolidado.
Además, se quejan de que “a excepción de la iniciativa privada, que sale reforzada con la redacción del proyecto de ley, el resto de agentes que intervienen en la construcción de la ciudad y del territorio, especialmente la administración pública y la ciudadanía, pierden peso dentro de los procesos definidos”. Y señalan que «las propuestas incluidas en el nuevo texto son contrarias a las tendencias nacionales e internacionales y a las demandas de los ciudadanos y sus dirigentes, que son cada día más conscientes de la importancia de intervenir en la toma de decisiones en lo que a la conformación de la ciudad y del territorio se refiere”.
Los partidos de izquierdas (PSOE-M, Podemos, IU y Equo), los sindicatos CCOO UGT, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAV) y Ecologistas en Acción, ponen similares reparos a la ley de Cifuentes: “Retrocede en aspectos ambientales, sociales y competencias públicas, no avanza en participación y consolida el urbanismo como una mera actividad económica en manos de la iniciativa privada”.
Por ello, han creado la Plataforma Otra Ley del Suelo es Posible con la que pretenden romper el silencio que rodea la tramitación de la nueva Ley del Suelo y denunciar la falta de participación de la sociedad civil en su tramitación.
La plataforma se queja de que desde el pasado mes de noviembre “se tramitan las enmiendas parciales a la ley en un proceso opaco, de espaldas a la ciudadanía”. Criticando que “semana tras semana, el Partido Popular y Ciudadanos, sin justificación ni debate, rechazan las enmiendas presentadas por los Grupos Socialista y Podemos que podrían revertir las medidas más agresivas de la ley, con lo que se reducen las cesiones para dotaciones públicas, se eliminan los suelos para viviendas públicas de protección, se desprotege el suelo protegido y el patrimonio cultural, etc.”
Pero pretende que el Gobierno regional rectifique y atienda las demandas ciudadanas y con este objetivo ha iniciado una recogida de firmas en Change.org, en la que solicitan al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán Ojeda, que paralice de manera inmediata los trabajos de la ponencia del Proyecto de Ley «para que de forma participada con la ciudadanía, sindicatos, organizaciones ecologistas, vecinales y sociales, ayuntamientos, y representantes políticos en la Asamblea de Madrid… acometa los trabajos de redacción de un nuevo anteproyecto de Ley».
Además de abrir una recogida de firmas en Change,org la nueva red ha organizado un acto de presentación el próximo 20 de marzo en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO.
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