El Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado a Pedro Sánchez un regalo ‘envenenado’: el hecho de que la primera reforma legislativa que lleva su firma en materia de vivienda sea la conocida como ley del ‘desahucio exprés’, una iniciativa que el PSOE rechazó tanto en el Congreso como en Senado. Lo cuestión no es baladí ya que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que agiliza los desalojos en ocupaciones ilegales ha sido muy criticada por los partidos de izquierdas y los activistas por el derecho a la vivienda, por considerar ante la falta de una garantía habitacional se violan las obligaciones de España en materia de Derechos Humanos.
Es UGT la que recuerda a Pedro Sánchez que -aunque sea una reforma legislativa del Gobierno del PP- la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000 de 7 de enero) lleva su firma, aunque sea “como herencia recibida” y le pide que no olvide que la reforma “incide sobre las personas más vulnerables que han tenido que acudir de manera desesperada a la ocupación de una vivienda como último recurso”.
El sindicato recuerda a Sánchez que la reforma que permite el desalojo exprés de los ocupas “instaura un procedimiento especial y sumario donde se acortan considerablemente los plazos, se tasan los motivos de oposición a la demanda y, en suma, se restringe notablemente el derecho de defensa y las posibilidades de atención social y de encontrar soluciones solidarias. Y entiende, que no será una solución para poner fin a las mafias que ocupan viviendas, sino contra los ocupantes, recalcando que “esta reforma no va a solucionar los problemas de las ocupaciones pues, no va dirigida a atacar a las organizaciones delictivas que pudieran dedicarse a esto, sino que incide sobre las personas más vulnerables que han tenido que acudir de manera desesperada a la ocupación de una vivienda como último recurso”.
UGT recalca que que la nueva norma “sirve para desahuciar a personas y familias vulnerables, no ofreciendo ninguna alternativa de realojo y todo ello en un contexto social de inexistencia de un parque público de viviendas sociales, con un mercado del alquiler con precios cada vez más elevados y en donde se le hace recaer a la administración más cercana, los Ayuntamientos, asfixiados económicamente, el hecho de realojar a esas personas desahuciadas”.
Por lo que demanda al nuevo Gobierno una mayor sensibilidad social para con estas personas y familias que se ven abocadas a abandonar estas viviendas sin ofrecerles una solución habitacional y para ello le exigiremos unos mayores recursos públicos en vivienda en aras de ir conformando un parque público de viviendas sociales en alquiler para atender este tipo de emergencias sociales. Igualmente sería necesario reformas legislativas para poner al mismo nivel constitucional el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible.
La necesidad de crear un parque público de viviendas sociales en alquiler que le reclama UGT a Sánchez no es una petición ajena al PSOE ya que con la proposición de ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda que presentaron los socialistas en el Congreso este mismo mes de marzo se pretendía “fomentar en particular la creación de un parque estable de vivienda dotacional o social destinado a facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a quienes no pueden procurársela en el mercado libre, al igual que ocurre en los países europeos de nuestro entorno.
Además, la necesidad de una parque público de vivienda social en alquilar también fue puesta sobre la mesa por la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, en su informe ‘El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo’ realizado por Carme Trilla Bellart y Jordi Bosch Meda, en el que recuerda que promoción pública de vivienda se ha dirigido
fundamentalmente a la vivienda de compra, por lo que no se han generado parques de alquiler social. A pesar de que según sus estimaciones “la demanda potencial de vivienda social es actualmente de 1,5 millones de hogares y, de acuerdo con las proyecciones de hogares, puede ascender hasta los 2,65 millones de hogares en el año 2030”.
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