ONG de infancia lamentan que no se haya aprobado todavía la Ley contra la violencia hacia la infancia y esperan que sea una prioridad para 2020 del nuevo gobierno que se forme y que se apruebe en el Parlamento.
«No llegó a trámite parlamentario por el fin de la legislatura, pero hay un texto que siguió su trámite con otras instituciones que necesitan dar el visto bueno, continúa avanzando pero sin la velocidad que necesita», ha precisado el director de Save The Children España, Andrés Conde.
Conde pide «que exista un gobierno que pueda empezar a impulsar políticas desatendidas». En primer lugar, desea que lo primero que se apruebe sea la Ley de protección a la infancia frente a la violencia; y en segundo lugar, que la lucha contra la pobreza infantil se sustancie en los Presupuestos Generales del Estado.
En tercer lugar, reclama «un reconocimiento en forma de una certificación oficial para las familias monoparentales» porque, a su juicio, «son el rostro más contemporáneo y más crudo de la pobreza»; y en cuarto lugar, «que cese la criminalización de los menores extranjeros no acompañados». Finalmente, ante el «desafío demográfico», también pide una mayor inversión en familia, que llegue a la media de la Unión Europea, es decir, al 2,3% del PIB.
Por su parte, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español, Carmen Molina ha reclama que en 2020 se materialice la promesa política de impulsar la participación de la infancia desde los municipios, un trabajo que UNICEF lleva años desempeñando, y que se haga realidad la creación de un Consejo Estatal de Infancia y Adolescencia de carácter consultivo.
Además, también ha reclamado un Plan Nacional de Acción que garantice la protección integral efectiva y su plena integración social de los menores migrantes solos. «Abogamos por los derechos de estos niños y niñas frente a los discursos xenófobos y la estigmatización. Es un trabajo en el que debemos seguir avanzando en 2020, hasta lograr el pleno cumplimiento de sus derechos», ha insistido Molina.
Precisamente, respecto al balance de 2019, aunque han destacado avances contra la pobreza infantil, creen que ha sido un ejercicio «oscuro» para los menores migrantes solos. El director de Save The Children España ha manifestado que su criminalización es «la nota más oscura» del año saliente.
«Quizá lo más negativo del año en infancia es la criminalización pública de los menores extranjeros solos. No había ocurrido nunca y es muy grave, la nota más oscura del 2019 en materia de infancia», ha señalado. En este contexto, Carmen Molina ha destacado la unión de las organizaciones de infancia para defender la protección de estos niños.
Por otro lado, Molina ha resaltado que en 2019 han conseguido que aumente la cuantía de la prestación por hijo a cargo, directamente relacionada con la erradicación de la pobreza infantil, pero apunta que hay que seguir trabajando para ampliarla en 2020.
En este punto coincide el director de Save The Children España, Andrés Conde. «Es muy importante que en un contexto de prórroga presupuestaria se hayan adoptado medidas contra la pobreza infantil, como el aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en situación de pobreza severa. La cantidad no es muy significativa pero es muy buena señal de que ese es el camino que se quiere seguir», ha subrayado.
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
También destacan de 2019 el protagonismo que ha tomado la infancia en la lucha contra el cambio climático. «Ha sido el año en que los niños, niñas y adolescentes han alzado su voz más que nunca para que sus opiniones sean tenidas en cuenta, desempeñando un papel protagonista en la lucha contra la emergencia climática, por ejemplo», ha apuntado la directora de sensibilización y políticas de infancia de UNICEF Comité Español.
Por su parte, Andrés Conde considera que la celebración de la COP25 en Madrid, aunque no haya tenido «un gran efecto» en medidas políticas, ha sido un «éxito de la diplomacia española». También lo ha sido, a su juicio, la Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, «que ha llevado a que nueve países más firmen un compromiso para proteger las escuelas en un contexto de conflicto armado».
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