José de la Uz Pardos, alcalde de Las Rozas
El juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda investiga si el alcalde del Ayuntamiento madrileño de Las Rozas (del PP) prevaricó al autorizar la venta de 400 viviendas protegidas a la empresa Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo estadounidense Blackstone.
Según informa elconfidencial.com “el magistrado ha admitido a trámite la denuncia puesta por un grupo de vecinos de El Montecillo contra el regidor José de la Uz Pardos, que también es miembro de la ejecutiva del PP de Madrid que preside Cristina Cifuentes”.
La denuncia se sustenta –informa dicho medio online- en que el Gobierno local dirigido por José de la Uz aprobó la petición de anular antes de plazo “la condición resolutoria” que amparaba el carácter protegido de los pisos, lo que ha permitido al fondo buitre “establecer cláusulas abusivas” contra los inquilinos y subir las rentas del alquiler “entre el 35 y el 40%, con el claro objetivo empresarial de que los inquilinos abandonaran las viviendas y así vender las mismas a precio de mercado”. Explicando el digital que la condición resolutoria era una cláusula que daba potestad al ayuntamiento de ejecutar la reversión de las parcelas a su favor por incumplimientos de la sociedad adjudicataria.
El fondo Fidere, en cuestión, es el mismo fondo al que al Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por Ana Botella, vendió 1.860 viviendas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), una operación por la que el actual equipo de gobierno municipal, encabezado por Manuela Carmena, presentó hace unos días una demanda en el Tribunal de Cuentas por el posible perjuicio económico a las arcas madrileñas que consideran supuso la transacción, un quebranto que cifran en casi 130 millones de euros. La demanda se presentó contra Botella y todos los miembros de su junta de Gobierno, además del anterior consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé.
Otro ejemplo de la ‘apuesta’ del PP por los fondos buitres fue la venta por parte del Ivima de 2.935 viviendas públicas a uno de estos fondos, en este caso Goldman Sachs, por 201 millones de euros cuando Ignacio González era el presidente de la Comunidad de Madrid, transacción que está siendo investigada por el juzgado 48 de Madrid.
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