Gerard Piqué
Según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, acordó dichas diligencias en diciembre de 2022 –a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– al considerar que eran “adecuadas, útiles y necesarias para el completo esclarecimiento” de la investigación.
La instructora ordenó los requerimientos a las entidades bancarias en el marco de una pieza separada de la causa que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario. Tanto las acusaciones como las defensas han tenido conocimiento de dicha decisión esta semana, después de que el pasado 27 de marzo la juez levantara el secreto de las actuaciones.
En concreto, Rodrigo ha pedido a 15 bancos información sobre las cuentas de Piqué y Rubiales: “Todos los movimientos registrados en dichas cuentas —saldo, ingresos y pagos— desde el 1 de enero de 2018 o desde el 1 de enero de 2019 o fecha de apertura si es posterior, hasta la recepción del presente mandamiento o hasta la fecha de cierre de la misma”. No obstante, la juez ha avisado de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO podrían pedir “directamente” a las entidades bancarias que aportasen nuevos datos “según vaya avanzado la investigación”.
Asimismo, ha emplazado a los bancos a que le informen si desde las cuentas que señala se realizaron transferencias internacionales en dicho periodo. También les ha reclamado que identifiquen cualquier otro producto bancario y/o financiero, así como cajas de seguridad que tengan contratados y “todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC” (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) sobre dichas cuentas y sus titulares.
Respecto a las transferencias internacionales, los investigadores de la UCO sostienen que Rubiales “estaría realizando inversiones” en República Dominicana con el empresario Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene y amigo del expresidente de la Federación.
En un informe del Instituto Armado al que también ha tenido acceso Europa Press, los agentes precisan que en noviembre y diciembre de 2023 “se habrían realizado dos transferencias internacionales por importe total de 567.500 euros” desde una empresa “cuyo socio mayoritario es Rubiales” a una sociedad dominicana titulada por Nene. Para entonces, el exdirigente deportivo llevaba unos dos meses fuera de la RFEF, tras haber dimitido una vez que la FIFA le suspendió de sus funciones por el beso que propinó a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial.
Cabe recordar que Rubiales se encontraba en el país caribeño cuando la Guardia Civil realizó entradas y registros en la RFEF y domicilios de varios de los investigados. El que fuera número uno de la Federación regresó el pasado miércoles a España y fue detenido por los agentes, que al poco tiempo le dejaron en libertad a la espera de que la juez le cite a declarar en el juzgado.
La titular del juzgado no se ha limitado solo a las cuentas de Piqué y Rubiales y ha puesto la lupa a su vez sobre las cuentas de otros exmiembros de la RFEF con los que el expresidente de la Federación tendría negocios. Así, ha solicitado información bancaria sobre Tomás González Cueto, excomisionado de control externo de la RFEF; Pedro González Segura, exdirector jurídico de la Federación; José María Timón, exjefe de gabinete de Rubiales; Albert Luque, director deportivo (apartado del cargo); y Antonio Gómez-Reino, director de relaciones institucionales.
En otro de los informes que la Guardia Civil ha aportado al procedimiento, los agentes aseguran que Rubiales creó una “incipiente estructura societaria” con directivos de la RFEF. Explican que “existen algunas mercantiles en las que confluyen al menos varios miembros relacionados con la RFEF”, entre ellas GRX Export Pro SL, Ciudad del Fútbol SL, Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, Novanet Automation Consultans SL, Fundación Real Federación Española de Fútbol y Spaincam SL.
En el marco del análisis de dichas mercantiles, la UCO ha avisado a la juez de que sospecha que la presunta trama amplió en 2022 el objeto social de GRX Export Pro SL –creada inicialmente para la venta de aceite– para hacer “promoción inmobiliaria” en Arabia Saudí, algo que, a su juicio, “nada tiene que ver con el inicio de las operaciones de la mercantil”.
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