La suspensión se produce debido que a uno de los investigados citados para este lunes no se le había podido notificar la citación ni tampoco se ha podido tramitar una videoconferencia prevista para mañana en los juzgados de Sevilla.
La pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado sobre las diez de la mañana a los juzgados de forma discreta para declarar por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal de 350.951 euros que le atribuye la Fiscalía de Madrid y la Agencia Tributaria.
A su llegada, no ha sido captado por los medios, que estaban desplegados en los dos accesos de esta sede judicial. En estos momentos, se encuentra en el interior de la sala de vistas para declarar. Al parecer, Alberto González habría cambiado su imagen al llevar el pelo más corto y sin barba, según han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas, lo que ha hecho que los periodistas que le esperaban no se percataran de su presencia.
Informe de la Agencia Tributaria
En cuanto a la causa relativa a la pareja de Ayuso, la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”.
“Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021”, recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce “determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito”.
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar “un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”.
