La nueva Ley contra el desperdicio alimentario, que entra en vigor este jueves, marca un punto de inflexión en la lucha por la sostenibilidad en España.
Impulsada con la participación de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, la norma fija objetivos concretos y ambiciosos de reducción de residuos y promueve la donación de alimentos mediante incentivos fiscales.
La gran distribución, representada por Anged, ha aplaudido su aprobación al considerar que refuerza y formaliza prácticas ya consolidadas en el sector.
Objetivos claros para reducir el desperdicio en toda la cadena
La Ley establece metas específicas: una reducción del 50% del desperdicio alimentario en los hogares y del 20% en producción y distribución para el año 2030. Estas cifras refuerzan el compromiso del sector con una economía más eficiente y sostenible.
La distribución ya ha logrado mantener el desperdicio por debajo del 1% gracias a innovaciones logísticas, mejoras en refrigeración y envases, y acciones de sensibilización a los consumidores
Impulso a la donación con seguridad jurídica e incentivos fiscales
Uno de los puntos más destacados es la creación de un marco legal que incentiva las donaciones de alimentos, aportando seguridad jurídica a las empresas que colaboran con bancos de alimentos y entidades sociales. La reducción del IVA en las donaciones actúa como un aliciente adicional para estas prácticas solidarias.
Buenas prácticas y jerarquía en la gestión del desperdicio
La ley incorpora una jerarquía de prioridades para el uso de los productos no vendidos, así como medidas de buenas prácticas que involucran a toda la cadena. Entre ellas destacan:
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La venta de productos “feos o imperfectos”.
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El fomento de alimentos de temporada, proximidad y ecológicos.
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La promoción de productos con fecha de consumo preferente próxima.
Coordinación nacional y planes estratégicos
Para garantizar la eficacia de la normativa, se establece que las empresas puedan diseñar planes de prevención a nivel nacional. A su vez, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico que se actualizará cada cuatro años, así como un Plan Nacional de control coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Régimen sancionador proporcional
La ley incluye un régimen sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas que oscilan entre los 2.000 y 500.000 euros, dependiendo de la gravedad. También establece plazos de prescripción para cada tipo de infracción.
